Recientemente la Comisión Nacional de Búsqueda informó que, en México actualmente hay más de 24 mil niñas y mujeres desaparecidas. Una situación trágica que no es nueva, pero que lejos de encontrar solución parece no tener fin. Un caso por todos conocido y que presenta su antecedente son lo que conocimos como las “muertas de Juárez”, situación que provocó la creación del Protocolo ALBA que implica la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, así como un esfuerzo de coordinación y atención a las víctimas.
Ante la necesidad de establecer protocolos en el País y en los Estados para la localización de personas desaparecidas, especialmente de mujeres, ha sido una tarea difícil de concretar en su implementación, ya que en todos los estados de la República, no se cuentan con recursos económicos, elementos capacitados y, sobre todo, la prioridad de atender dichas desapariciones por una persistente cultura machista que se vive en nuestro país y que mantiene a las mujeres viviendo todo tipo de violencia al grado de mostrarla como un objeto. La violencia contra las mujeres es tan alarmante que en muchos casos culmina en feminicidio, lo que nos exige actuar en un cambio cultural de la sociedad para educar y capacitar con perspectiva de género, así como dejar de minimizar estos hechos y trabajar en todo aquello que fortalezca el desarrollo pleno de las mujeres.
Los hechos conocidos por todos sobre la desaparición de María Fernanda, Debanhi y Yolanda entre muchas otras mujeres, y, la pérdida irreparable de la vida de las dos primeras, han evidenciado las serias fallas en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas que van desde que inicia la investigación y el proceso subsecuente de investigación que revictimiza y distorsiona los hechos y que provocan una total desconfianza en la autoridad e impunidad, situación que destruye nuestro estado de derecho y lastima la esencia de nuestra sociedad que es la vida de las mujeres en situación vulnerable.
Hoy más que nunca es preciso y urgente fortalecer la coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. La desaparición de decenas de mujeres en nuestro Estado y de miles en todo el país nos exigen actuar de manera responsable y por ningún motivo evadir la realidad que hoy parece sobrepasarnos.