Alcaldes de todo México vienen para Monterrey

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Esta semana, Monterrey será sede de la reunión de los alcaldes miembros de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), la cual es presidida por el munícipe de Mérida, Renán Barrera, y de la que Luis Donaldo Colosio es Secretario.

Se espera que por lo menos una 20 de presidentes municipales se den cita en la Sultana del Norte y, según Los Infiltrados traen una pesada agenda en la que analizarán temas de sostenibilidad y fortalecimiento de finanzas públicas.

Entre los temas que más interesan a los alcaldes está el de análisis y propuestas para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año y el de la Fiscalización, pues una de sus prioridades, dicen, es que haya reparto justo de recursos para los municipios.

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Gaona: pensando en el futuro

La gran mayoría de los actores políticos suele preocuparse mucho por su futuro y tal parece que algo así le está pasando a Eduardo Gaona, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León.

El “mandamás” naranja ha andado últimamente muy activo tratando de dejar y hacer “marca”, tanto así que cada que tiene un evento deja claro que le gusta que se le identifique como “Gaona”, así nomás, con su apellido.

Con las negociaciones que ha logrado para sumar más diputados a MC no dudamos que traiga la “bendición” hasta de Palacio de Cantera para sus proyectos futuros, pero eso sí, que no descuide su chamba como coordinador, porque a veces pareciera que sus legisladoras Sandra Pámanes e Iraís Reyes siguen otras líneas.

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Los penales y el gasto millonario

Una revisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que derivó en un informe reciente, reveló que en los Centros Penitenciarios de Nuevo León hay un grave problema de falta de atención psiquiátrica para internos.

De acuerdo con el documento, en abril se detectaron al menos 98 personas privadas de la libertad con trastornos mentales, de las cuales 45 presentan una discapacidad psicosocial y 53 personas fueron declaradas “inimputables”.

Esto quiere decir que hay 53 personas, que le cuestan al erario un promedio de 5.9 millones de pesos anuales de manutención dentro de prisión, pero que por lo severo de su cuadro clínico ni siquiera deberían estar presas.