Ayer, la Auditoría Superior del Estado, por conducto de Eduardo Garza, Director de la Unidad de Investigación, presentó una denuncia por presuntos desvíos detectados en las Cuentas Públicas del año 2019 de los municipios de Montemorelos y Cerralvo.
En el caso de Cerralvo, gobernado en ese entonces por el ex panista Baltazar Martínez, la Auditoría Superior detectó daños al erario por hasta 300 mil pesos, pues se realizaron supuestos pagos a proveedores sin que existan comprobantes de los mismos.
Mientras tanto, en Montemorelos, encabezado en ese año 2019 por el morenista Luis Fernando Garza, se adjudicaron sin licitación 4 contratos por un monto de 4 millones 170 mil pesos a un sólo proveedor, lo que podría configurar una irregularidad.
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Colectivos feministas
acusan golpeteo
Laura Paula López Sánchez, Presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, no ha logrado hasta la fecha tener una buena relación con colectivos feministas, pues en muchos de ellos existe la sensación de que la funcionaria ha quedado a deber para proteger a las mujeres.
El encontronazo más reciente fue denunciado por la ex diputada local Claudia Tapia, quien señaló que varios colectivos fueron violentados al señalar en chats conjuntos varias recomendaciones para mejorar la labor del instituto.
Por si fuera poco, acusa que los ataques llegaron de parte de Elizabeth Aguilar, titular del Centro de Investigación Familiar, quien es identificada como muy cercana a la Presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres y quien no es la primera vez que le entra a defender a Laura Paula López.
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La misma suerte
que El Bronco
Luego de que se oficializara su imputación por el delito de abuso de autoridad derivado de la requisa de la Ecovía, la juez de control dictó arraigo domiciliario contra Jorge Longoria, ex director de la Agencia Estatal del Transporte.
El ex funcionario del gabinete Bronco deberá mantenerse en arraigo hasta el próximo martes 12 de julio, fecha en la que se llevará a cabo la siguiente audiencia.
En la misma audiencia se logró la imputación del ex director de Metrorrey, Manuel González Fernández, pero la vinculación a proceso de ambos ex funcionarios quedó pendiente, pues, dicen Los Infiltrados que, a petición de los abogados, la juez concedió un plazo de 144 horas para presentar más pruebas.