Para una sociedad regiomontana que se forja y vive día a día bajo los principios del esfuerzo, el trabajo y la cultura empresarial. Es natural dentro de la iniciativa privada, que dueños e inversionistas exijan periódicamente a sus directores o gerentes una serie de resultados, así como explicaciones de los problemas a los que se enfrentaron y cómo los solucionaron.
Esto les permite tomar las decisiones necesarias para corregir el rumbo y obtener las mejores utilidades… Así de simple.
Sin embargo, ¿de qué manera puede la ciudadanía exigir resultados a los distintos órdenes de gobierno? Dentro de la gerencia pública, este proceso no es tan sencillo. Es complejo dado que no se rinde cuentas a sólo un ciudadano, sino a millones, y no se trata de un único director o gerente, sino miles de funcionarios públicos.
Este escenario implica la creación de sistemas de monitoreo y evaluación, que permitan la rendición de cuentas de resultados y acciones implementadas por el gobierno. Los cuales tienen como finalidad la atención de problemas públicos y la generación de valor público.
En México, a principios del milenio, se inició un proceso de implementación de una cultura de la evaluación, encaminado a que los gobiernos transparenten resultados concretos de sus acciones sobre las condiciones de vida de la población.
Para ello, la evaluación ha perado bajo el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), partiendo de la premisa de que este procedimiento, se centre en los resultados y no en el ejercicio financiero.
Este tipo de evaluación está bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social y las distintas instancias de evaluación en las entidades.
En Nuevo León, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado es la encargada de implementar el SED y publicar el Programa Anual de Evaluación, que para este año, se integra de 19 programas y 6 Fondos federales.
Este tipo de evaluaciones son necesarias y por normativa deberán seguir aplicándose. No obstante, la evaluación de la política pública es un objeto que continúa en proceso de construcción, mientras que un régimen democrático se vaya consolidando.
En ese sentido, desde Consejo Nuevo León estamos trabajando bajo el enfoque de la evaluación participativa, que surge de un supuesto puntual: el Gobierno deja de ser un actor revisado, y pasa a ser un facilitador de información para que otros conduzcan la evaluación.
Bajo esta perspectiva, la evaluación toma otra directriz, porque será el Gobierno quien disponga de información de las políticas a partir de los hallazgos y resultados derivados de los ejercicios evaluativos y no al revés, cuando originalmente los resultados eran socializados únicamente para la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Este enfoque de evaluación participativa no solo implica la desburocratización de dicho proceso, sino la práctica misma de la gobernanza, en el que la participación se convierte en un modelo de organización más que de consulta. Siendo necesario el análisis de la política por parte de la ciudadanía, no sólo para demandar mejores decisiones a su gobierno, sino para ofrecer alternativas que permitan obtener mejores resultados a quien opera la política pública.
Así, el Consejo Nuevo León puede verse como un intermediario de conocimiento que hace posible la creación de un espacio donde converge la experiencia de la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil, al servicio de la resolución de problemas sociales que requieren ser atendidos por el sector público.