14 años y tres meses han transcurrido desde que inició la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Ese “nuevo” sistema que rompería el paradigma de que la justicia es selectiva y elitista. Después de 8 años de adaptación judicial, en junio de 2016 el nuevo sistema de justicia penal se implementó en todos los tribunales del país.
Las apuestas fueron muchas y muy altas, y después de todo este tiempo hemos podido ver que sus resultados son casi nulos, la cultura criminal no cambió. El cambio debió ser de raíz y no sucedió. La justicia penal sigue siendo la misma, ni pronta ni expedita, mucho menos justa. Los números, encuestas y estadísticas siguen demostrando el rezago en la carga de trabajo y la impunidad, cambiaron el modelo pero no el sistema.
La cifra negra sigue siendo una clara muestra de que el cambio no funcionó, más del 92% de los delitos cometidos no son denunciados.
Esperábamos ver un país menos violento y más justo a través de tribunales imparciales e independientes de los vaivenes políticos. La realidad nos demuestra lo contrario. El viejo modelo era utilizado como un brazo del Estado para perseguir a sus adversarios, la presunta culpabilidad obligaba a ministerios públicos a acusar y a jueces a juzgar a priori. La presunta culpabilidad cambió por la inocencia pero sigue sucediendo lo mismo, se persigue y encarcela por motivos políticos, no jurídicos.
De nuevo jueces y fiscales sirven al poder público para cobrar facturas pendientes o diezmar a quienes son oposición. Expedientes contaminados con alto grado de ingredientes políticos se convierten en casos judiciales, sino pregúntenle a Rosario Robles, Murillo Karam y un largo etcétera.
Criterios de oportunidad y testigos protegidos son el medio idóneo para contaminar con carga política lo que jurídicamente no es sostenible. Así se dicta sentencia condenatoria sin siquiera haberse celebrado la primera audiencia, todo por el poder mediático de quienes poseen información del caso y la dan a conocer violando el debido proceso.
La prisión preventiva que en el viejo modelo era el instrumento para desmoralizar al adversario, sigue funcionando igual. El criterio con que se determina esta medida sigue siendo el primer golpe que padece quien es perseguido. No importa lo que dicte la ley sino lo que digan las circunstancias políticas, de eso depende.
Difícil imaginar a un gobernante terminar sin ser acusado por quien lo sucedió. Ahí comienza la venganza que termina hasta cuando el que está en turno lo decide y no cuando la ley lo manda o las pruebas lo justifican. El tamaño de la persecución es proporcional al tamaño de la vendetta.
Afortunadamente hay resistencias y existe un proyecto en la Corte que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa que perdió su espíritu cuando la volvieron a utilizar como instrumento político.