Presupuesto en litigio

Escrito en OPINIÓN el

El presupuesto a ejercer el presente año por el Gobierno del Estado, integrado por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se encuentra en la incertidumbre, pues el aprobado por el Congreso del Estado no ha sido publicado en el Periódico Oficial, y sí se publicó uno que unilateralmente avaló el Gobernador del estado, el cual pretende ejercer.

Con justificaciones mezquinas el gobernador del estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, decidió no enviar el proyecto de Ley de Egresos para el 2023 al Congreso del Estado para su aprobación o rechazo, incumpliendo con lo establecido en la anterior y recién reformada Constitución Política del Estado que señala que el proyecto debe remitirse a más tardar el 20 de noviembre.

Aunado a esto decidió ampliar el periodo vacacional de los burócratas de la administración estatal, cerrando por casi un mes la Oficialía de Partes para evitar recibir notificaciones, y de manera inédita se dejó de publicar el Periódico Oficial del Estado, que es el órgano en donde se publican los acuerdos para que tomen validez legal.

Ante este escenario, en el Congreso del Estado hicimos el trabajo que constitucionalmente nos corresponde: en la sesión del 15 de diciembre aprobamos la Ley de Ingresos para el 2023, por un proyecto que envió el Ejecutivo; y reformas a la Ley de Egresos de 2022, ante la falta de una iniciativa.

Estas son las únicas reformas válidas para el presupuesto de 2023 que en algún momento el titular del Poder Ejecutivo deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado.

El Gobernador pretende ejercer el presupuesto de 2022, el cual publicó en el Periódico Oficial del Estado en una edición extraordinaria, que abrió de manera expresa para este fin y de inmediato lo volvió a cerrar.

Me gustaría dejar en claro que el Periódico Oficial y el Presupuesto no pueden ser el juguete del Gobernador para hacer lo que él quiere; está poniendo en riesgo a funcionarios de su administración que estarían cayendo en responsabilidades penales por lo que hizo.

Esta cerrazón del Gobernador no solo nos afecta a los integrantes del Congreso del Estado, también daña a los ayuntamientos que aprobaron sus presupuestos de ingresos y valores catastrales y carecen de certeza jurídica al no estar publicados en el Periódico Oficial del Estado.

Desde el Poder Legislativo continuaremos con el proceso legal, promoviendo las acciones correspondientes, mientras tanto seguimos con un presupuesto en litigio.