Con el inicio de las precampañas el pasado 13 de diciembre, me gustaría aprovechar esta ocasión para comentar acerca de la imparcialidad que debe prevalecer en las personas servidoras públicas, quienes tienen la obligación constitucional de aplicar los recursos que están bajo su responsabilidad, de acuerdo a su cargo, sin influir en la equidad de la competencia entre los actores y actoras políticas.
Ciertamente, con el objetivo de proteger este principio de imparcialidad en la época de las precampañas, la Ley General en Materia de Delitos Electorales ha establecido sanciones para quienes:
1. Coaccionen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña.
2. Condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de una precandidatura.
3. Destinen, utilicen o permitan la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de una precandidatura.
4. Proporcionen apoyo o presten algún servicio a una precandidatura, sea que lo hagan por sí mismos o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores.
5. Soliciten a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a una precandidatura.
6. Durante el proceso electoral, usen o permitan el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado una precandidatura.
7. Utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerzan cualquier tipo de presión sobre el electorado para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas.
Dichas sanciones van desde los 200 hasta los 600 días multa y penas de prisión desde 2 hasta 9 años; adicionalmente la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas y los municipios durante 2 a 6 años y, en su caso, la destitución del cargo; e incluso, en el caso del condicionamiento de programas sociales, se puede decretar la prisión preventiva oficiosa.
Finalmente, les comparto que en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tenemos claro que es de suma importancia contar con el apoyo de la ciudadanía por medio de su denuncia. Por ello, hacemos un atento llamado para hacer de nuestro conocimiento cualquiera de estos actos y que juntos, protejamos la elección en Nuevo León.