La Plaza de las y los Desaparecidos en Monterrey, Nuevo León; la Glorieta de los Desaparecidos en Ciudad de México; el Árbol de la Esperanza en Coahuila, son algunos sitios de memoria que las familias de Personas Desaparecidas han tomado para recordar la deuda vigente que tiene el Estado Mexicano para localizar a las miles de personas que nos hacen falta en México.
Estos sitios de memoria activa, tienen un profundo significado cargado de amor, dignidad y resistencia. Querer institucionalizar este tipo de expresiones, es un grave retroceso.
El sábado 25 de marzo, El Estado Mexicano a través de su Secretaría de Gobernación realizó una mesa de discusión sobre una nueva Ley impulsada desde el Gobierno Federal llamada: “Ley General de la Memoria Pública sobre las violaciones de Derechos Humanos y violencias del pasado”, iniciativa con la cual las familias de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y de diversos colectivos de la República y acompañantes, no estamos de acuerdo.
Primero, le decimos al Gobierno de México que las violaciones de Derechos Humanos y las violencias no son un tema del pasado, continúan vigentes día a día en todo México.
También, le decimos al Estado Mexicano que la memoria es construida desde el pueblo, que no necesitamos que nos impongan lineamientos y reglas para nuestros sitios de memoria, no necesitamos que la burocracia crezca más con la creación de un Centro Nacional de Memoria y no necesitamos que institucionalicen la memoria colectiva del pueblo.
Lo que sí necesitamos y exigimos al Gobierno de México es que las instituciones, leyes y protocolos que se han creado por el impulso de las familias para la búsqueda de las personas desaparecidas funcionen, que busquen realmente a las más de 110 mil Personas Desaparecidas en México y les encuentren, necesitamos políticas públicas que paren las violaciones a Derechos Humanos y las violencias del México de hoy.
Desde noviembre del año pasado les dijimos que abrir este proceso para crear una Ley de la Memoria, era un error, que esta Ley no es un tema prioritario y que el Estado Mexicano tiene muchos otros temas pendientes que solucionar antes de querer imponer una Ley que reglamente nuestra memoria.