Para que persista un estado de Derecho en una democracia como la se goza en Nuevo León, en donde las ciudadanas y los ciudadanos tienen la oportunidad de elegir mediante su voto a sus autoridades, debe existir un respeto a la división de Poderes.
Tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la del Estado, que fue ratificada en la reforma impulsada por el gobernador del estado Samuel Alejandro García Sepúlveda, de especifican las atribuciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Federal.
Entre las facultades con que cuenta el Poder Legislativo es la de aprobar el presupuesto del Gobierno del Estado, conformado por los tres Poderes, en donde se distribuye el destino de los recursos, entre ellos el que deben de recibir los 51 municipios de Nuevo León.
De esta manera se decidió que dos mil 500 millones de pesos se entregaran a los municipios por parte del Poder Ejecutivo, lo cual no ha ocurrido razón por la cual 28 de las 51 alcaldesas y los alcaldes alzaron la voz.
Esos recursos no son del Estado, fueron etiquetados por este Poder Legislativo un cuerpo plural y Colegiado donde están representadas seis fuerzas políticas para que fueran distribuidos puntualmente a cada uno de los municipios.
Sin embargo al titular del Ejecutivo no le gustó, y decidió castigarlos no entregándoles ese dinero que les corresponde conforme a derecho; incluso recursos federales de programas específicos tampoco los han entregado.
Esto es algo que no debemos permitir, debemos pugnar para que el respeto a la división de Poderes se dé, que ningún poder esté por encima del otro: estamos al mismo nivel y cada uno de los Poderes tenemos nuestras obligaciones y nuestras atribuciones que cumplir.
La fuerza de Nuevo León radica en sus municipios; si tenemos municipios fuertes, vamos a tener un Estado fuerte, el que se incumpla con la entrega de los fondos a los municipios debilita a todo el Estado en su conjunto porque no hace posible que se atiendan esas necesidades básicas sobre las cuales se cimienta un Estado, que garantice un piso parejo para todos.
Nos encontramos con retención de recursos, con embargos a cuentas bancarias que se dan desde el Poder Ejecutivo a los alcaldes y alcaldesas que no son afines al partido político del gobernador del estado.
Basta que el Poder Ejecutivo deje de usar el recurso de cada uno de los municipios, que debe ser para atender las necesidades de los ciudadanos, como una medida de presión o moneda de cambio.