El pasado lunes 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, en honor a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas brutalmente asesinadas por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
El propósito de la ONU al establecer este día fue denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y exigir a los gobiernos políticas eficaces para su erradicación. Sin duda, esta conmemoración es una oportunidad para sensibilizar a la opinión pública y promover acciones que prevengan y combatan la violencia de género.
A pesar de los avances legales y sociales en México y, particularmente, en Nuevo León, las cifras siguen siendo alarmantes. Nuestro estado ocupa un deshonroso primer lugar en feminicidios, con 55 casos reportados en lo que va del año, y cerca de 16 mil denuncias de violencia familiar.
La violencia de género no es solo un problema de las mujeres; es una crisis de derechos humanos que nos incumbe a todos. Detrás de cada cifra estadística hay vidas truncadas, familias devastadas y sueños apagados.
Erradicar esta violencia requiere políticas públicas con enfoque de género, presupuestos adecuados para su implementación y un acceso real a la justicia para las víctimas. Las instituciones deben actuar con sensibilidad, eficacia y compromiso.
Como diputada, tanto en esta legislatura como en la anterior, he insistido en el importante papel que tiene el Congreso del Estado para avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Entre las iniciativas que he impulsado destaca la inclusión del Protocolo Alba en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este protocolo establece mecanismos inmediatos, exhaustivos y continuos para la búsqueda e investigación de mujeres y niñas desaparecidas.
Además, he presentado propuestas para tipificar el acecho como delito, ya que está comprobado que muchas mujeres acechadas terminan siendo víctimas de violencia grave. También propuse la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales y una reforma que permita a la Fiscalía General de Justicia establecer convenios con compañías telefónicas para difundir alertas AMBER en tiempo real.
Aunque hemos avanzado, queda mucho por hacer. Es tiempo de que las palabras se traduzcan en acciones concretas. Aprovechemos esta fecha para exigir justicia, construir entornos seguros y fomentar una cultura de respeto que permita a las mujeres vivir sin miedo, con plena libertad y dignidad.
El compromiso es claro: erradicar la violencia contra las mujeres es un deber moral y social que no puede esperar más. Es nuestra deuda, y debemos saldarla.