Las recientes propuestas de reforma constitucional lanzadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador no dejan de ser una oportunidad para la reflexión y análisis de nuestras instituciones y, sobre todo, una coyuntura para potencializar el control y regularidad constitucional para la racionalización de las facultades y atribuciones de los poderes públicos.
¿A qué nos referimos?, el modelo actual de separación de poderes manifiesta repensar el rol del Poder Judicial como uno de estos poderes. De acuerdo ala fórmula del Barón de Montesquieu ningún poder puede estar por encima de otro y en el caso mexicano actual la Suprema Corte de Justicia de la Nación escape de esta definición histórica.
¿Por qué afirmamos lo anterior? Primeramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una saturación de asuntos ordinarios (control de legalidad) que resuelven cotidianamente todas las instancias judiciales de esta institución lo que evidentemente el deber ser sería el que se ocuparán al 100 por ciento a estas funciones que descargar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del control constitucional, para situar a este institución en el mismo nivel de los otros dos poderes y evitar el conflicto político entre los poderes públicos, como se ha visto hoy en día entre el Ejecutivo federal y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hoy las críticas son para ambos poderes y en lo que concierne al poder judicial y muy particularmente a la Suprema Corte de Justicia de México y su actuación reciente pareciera encaminarse a una especie de gobierno de los jueces o ministros. Por ello es importante recordar la teoría del Barón de Montesquieu donde establecía que ningún poder puede estar encima del otro para evitar la tentación de politizar cualquier actuación de los poderes públicos y en el caso que nos ocupa de la Suprema Corte de Justicia pareciera actuar por encima de los otros poderes sin tener este una revisión a su actuación .
Crear un tribunal de control constitucional ajeno a los tres poderes constituidos pudiera ser una solución jurídica de alto nivel
En efecto, en el nuevo contexto crítico actual de nuestro país se advierte la necesidad de promover una reforma constitucional que permita la creación de un Tribunal Constitucional autónomo independiente de los poderes públicos muy especialmente del Poder Judicial, así como de los partidos políticos, para garantizar un control constitucional efectivo y así convertirlo en el garante de la defensa de la Constitución; separando del poder judicial las funciones administrativas así como aquella de la justicia ordinaria (competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y otorgar a un tribunal autónomo la función de control constitucional garantizando, un equilibrio de poderes evitándola supremacía de un poder sobre otro del mismo nivel.
Solucionar problemas locales. Otra ventaja de contar con un tribunal de control constitucional es la posibilidad de resolver conflictos competenciales en las entidades federativas. Por ejemplo, conflictos competenciales entre los poderes públicos locales ya que si bien es cierto las constituciones locales prevén en algunos casos, mecanismos y/o procedimientos de defensa constitucional lo cierto, es que son pocos utilizados y cuando si lo son se aplican de manera errónea perjudicando el equilibrio de los poderes locales
En momentos de polarización política excesiva, un tribunal de control constitucional o de regularidad constitucional dedicado exclusivamente a estas tareas, podría no solamente resolver problemáticas derivadas de conflictos competenciales, normas inconstitucionales que fueran aprobadas a priori o a posterior abonarían a una armonía y racionalización renovada y saludable para los poderes públicos federales y locales y más allá dándole certeza y seguridad a la ciudadanía.
En los últimos tiempos, México ha llevado a cabo reformas estructurales constitucionales de gran calado, hoy las relaciones entre los tres poderes públicos dejan entrever la necesidad de ser repensadas y por qué no adecuarlas a nuevas circunstancias cada más más complejas en donde contar con un órgano de control constitucional independiente a los tres poderes establecidos tanto federales cómo locales, contribuiría a solucionar la delicada armonía y racionalización de las instituciones publicas del país.
La reforma del Presidente Zedillo. En el pasado, el presidente Zedillo llevó a cabo una profunda transformación al Poder Judicial que hizo pasar de 26 a 11 ministros la Suprema Corte de Justicia, hoy, estamos ante nuevas realidades derivadas del conflicto político que la misma democracia genera y que requieren de soluciones efectivas, hacer progresar la colaboración entre los poderes y las instituciones regulando constitucionalmente sus actuaciones son el gran reto a venir y la oportunidad histórica de contar con un Tribunal de regularidad constitucional para México se advierte como una oportunidad histórica para racionalizar y armonizar la actividad del Estado mexicano.