Después del balde de agua fría que cayó el 2 de junio, habrá que empezar a procesar rápido los desafíos que enfrentaremos derivado del proyecto político triunfador.
El más inmediato y el de mayor alcance se refiere a la reforma del poder judicial, un cambio constitucional que impactará en todos los ámbitos el curso y el destino del país. Sus alcances son de una dimensión desconocida que incidirá directamente en una de las condiciones más elementales en la vida democrática y económica de un país, me refiero a la seguridad y certeza jurídica con que ciudadanos, sectores internos y externos toman todas sus decisiones desde la forma de vivir, invertir, hacer negocios y hasta interactuar entre sí.
Seguridad y certeza jurídica son indispensables para el desarrollo de cualquier proyecto de país, sin ellas la posibilidad de éxito se reduce al mínimo. Nadie en su sano juicio estaría dispuesto a realizar un negocio o una inversión cualquiera que sea su naturaleza si no tiene la convicción de que las leyes que la amparan serán interpretadas por un tribunal imparcial e independiente.
La reforma que implica un cambio radical de forma y fondo será votada en septiembre con el aval de las mayorías. Desde jueces de distrito hasta ministros serán seleccionados mediante el voto popular más allá de sus méritos y conocimientos profesionales, lo que decidirá su selección será la voluntad del pueblo mediante un proceso electoral completamente abierto en el que la personalidad y “simpatías” generadas en el ánimo de los electores definirá ganadores y perdedores.
Imposible pensar en que su actuación será independiente e imparcial si para acceder al cargo comprometerán su voluntad a la de terceros que con intereses propios como sucede en todas las elecciones estarán dispuestos a mover y adquirir voluntades a cambio de dinero, favores, promesas y miedo.
En un país con más de 180 mil muertos a causa del crimen organizado no pueden seleccionarse jueces libres que servirán para enjuiciar precisamente a aquellos que los hicieron ganadores, a los que les deben el trabajo.
En Colombia por ejemplo cuando la guerra contra el terrorismo y narcotráfico se recurrió a la figura de los jueces sin rostro, juzgadores que viven bajo el anonimato para no estar expuestos al peligro y presión que implica enjuiciar a este tipo de criminales, aquí en México se propone lo contrario, que dichos jueces sean electos por los criminales mismos, así de absurdo.
Negocio redondo para cárteles y grupos de poder, financiar y organizar campañas, plata o plomo serán determinantes para el dictado de la sentencia que sin duda será absolutoria. La impunidad será moneda de cambio para quienes formarán parte de los equipos de campaña.
En otra ocasión hablaremos de la imparcialidad con que podrán actuar los juzgadores que para obtener y conservar su empleo deben lealtad a las mayorías que los propusieron. Un desastre.