Estamos siendo testigos silenciosos y cómplices de uno de los más grandes retrocesos de nuestro país. Advierto con mucha impotencia que la gran mayoría de los mexicanos no alcanzamos a comprender el durísimo revés que está por suceder.
No es una exageración, perderemos el último de los espacios que significa un contrapeso a la de por sí mayoría aplastante que tiene el gobierno en turno, es gravísimo, perdemos toda esperanza de que algún día en el futuro a mediano plazo las cosas tomen un rumbo distinto, cruzados de brazos ante esa mayoría que concentrará el poder en una sola persona.
La reforma judicial que sería reconsiderada, no sufrió ninguna modificación significativa de su planteamiento original, se endureció más. Todos los juzgadores deben renunciar a sus cargos a cambio de conservar sus derechos laborales.
El país tendrá otro diseño judicial y las consecuencias las pagaremos todos, en algún momento sufriremos el castigo de nuestro silencio y apatía.
Empresarios, comerciantes y profesionistas sin distingo alguno serán condenados a cumplir cualquier decisión dictada desde el poder sin importar su ilegalidad, no habrá juez constitucional que salvaguarde sus derechos ante el interés superior del poder, escúchenlo bien no habrá despacho de abogados más poderoso que la consejería jurídica para obligar a los jueces a interpretar la norma conforme a los intereses del Estado.
La misma suerte correremos todos cuando el Estado tome una decisión que considere superior a nuestros intereses y en beneficio del “pueblo”, no habrá puertas que tocar ni leyes en que ampararse pues la justicia estará siempre del lado de quien tiene la razón, esa de la que será propietaria la mayoría.
Imposible protegerse de algún atropello del poder pues no habrá juzgadores que contradigan a quien siempre tendrá la razón y el derecho, que será quien los nombre y quien los quite.
No habrá ONG capaz de defender sus causas si estas se oponen a los postulados del Ejecutivo, ese que concentrará todo el poder sobre el resto de los otros dos que quedarán subordinados.
La Constitución tendrá tantas interpretaciones como convenga al Ejecutivo. La libertad y la propiedad privada serán sujetas de interpretación constantemente en manos de quien al tomar la decisión pueda afectar un interés contrario al del Estado, no importará si se violenta o no un derecho humano pues éste también será reinterpretado cuantas veces sea necesario.
Imposible detener una obra pública, el cobro de un crédito fiscal o acusar de ilegal una expropiación y revertir los alcances de una ley, la del más poderoso. Justicia politizada.
Cualquier juez que afecte los intereses del Estado será cesado y su resolución revocada a través de un órgano disciplinario designado mediante una elección conforme al interés de quien represente las mayorías.
Deseo no tener la razón, pero la historia se repite y este camino ya ha sido recorrido. En silencio perderemos la batalla y después la guerra.