Recientemente, el Gobierno del Estado presentó 49 nuevas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de impugnar acuerdos tomados por el Congreso del Estado. Este acto representa una preocupante intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, rompiendo el equilibrio fundamental entre los poderes.
Intentar paralizar al Congreso del Estado mediante recursos legales, persecuciones a legisladores y sus familias, así como instruir a la bancada oficialista a ausentarse de las sesiones del Pleno, ha sido la estrategia del actual gobierno. En lugar de recurrir al diálogo y la construcción de consensos, se opta por levantar muros donde deberían tenderse puentes. Gobernar no significa imponer, sino construir acuerdos para atender las necesidades de la población.
Las controversias constitucionales son un instrumento legítimo contemplado en nuestra Constitución. Su propósito es resolver conflictos de competencia entre los diferentes poderes públicos, órganos autónomos y órdenes de gobierno. Este mecanismo busca garantizar el respeto a la división de poderes, el pacto federal y el orden constitucional, asegurando que ningún órgano exceda sus facultades o invada las competencias de otro.
Sin embargo, en Nuevo León se ha abusado de este recurso con la clara intención del Ejecutivo de someter a los otros dos poderes. Judicializar de manera sistemática los decretos y acuerdos aprobados por el Congreso ha generado una parálisis legislativa que afecta directamente a la sociedad. Las leyes y reformas necesarias para atender las demandas ciudadanas quedan detenidas, mientras las instituciones se ven enfrascadas en conflictos políticos que desvían su atención de los verdaderos problemas del estado.
Como presidenta del Congreso del Estado, mi deber es defender y representar a los 42 legisladores ante estas acciones judiciales, que buscan inhibir la función constitucional de los otros poderes. No podemos permitir que se debilite la autonomía del Legislativo ni que se distorsione el equilibrio de poderes, piedra angular de cualquier democracia.
Hoy enfrentamos una realidad marcada por una profunda polarización política. En este contexto, la unidad a través de la política se convierte en un desafío monumental, pero no imposible. La clave está en promover políticas inclusivas que atiendan las necesidades de los sectores más vulnerables y en fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
La construcción de un futuro más justo y equilibrado para Nuevo León exige diálogo, respeto y colaboración entre los poderes del estado. No se trata de ganar una disputa política, sino de servir al pueblo que nos eligió para representarlo.