Coordinación, la clave
Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad, ya explicó ayer de forma clara y concisa por qué en Nuevo León ha tenido buenos resultados la estrategia contra el crimen.
La clave es la coordinación entre las fuerzas del orden federales y la Secretaría de Seguridad estatal, que encabeza Gerardo Escamilla, lo cual ha dado como resultado la detención de 25 objetivos prioritarios en un año.
Dicen Los Infiltrados que si la fórmula ya demostró su éxito al reducir un 61% lo homicidios en el mismo lapso, debería extenderse a los municipios urbanos, donde las policías todavía siguen trabajando como si vigilaran ciudades aisladas y no una zona metropolitana.
Sorpresa en San Pedro
El empresario Álvaro Fernández Garza, presidente de Grupo Alfa, sorprendió al gobernador Samuel García y a todos los invitados de Movimiento Ciudadano que acudieron al evento donde se renombró la Calzada San Pedro como “Mauricio Fernández Garza”.
El hermano del fallecido alcalde sampetrino se deshizo en elogios para el munícipe de Monterrey, el priista Adrián de la Garza; el de San Pedro, el panista Mauricio Farah, y hasta para el priista Francisco Cienfuegos, pero al gobernador no le dedicó ni una mención.
Dicen Los Infiltrados que este gesto puede interpretarse como un revés para quienes tienen esperanza en una alianza PAN-MC con miras al 2027, pues a juzgar por las palabras del líder empresarial, no ve nada mal esa relación entre priistas y panistas.
Pretextos en Monterrey
Dicen Los Infiltrados que algo extraño ocurre en la Secretaría de Desarrollo Urbano de Monterrey, que encabeza Fernando Gutiérrez, pues para entregar permisos de construcción exigen un visto bueno de la Secretaría de Salud estatal.
El detalle es que esta dependencia no tiene atribuciones para emitir vistos buenos en materia habitacional, incluso ha entregado oficios a solicitud de particulares explicándolo, pero el municipio no los hace válidos.
Ciudadanos con obras detenidas aseguran que Desarrollo Urbano insiste en exigir el documento de Salud estatal para dictaminar expedientes, liberar cambio de uso de suelo o expedir permisos, lo cual carece de fundamento y afecta su inversión y la creación de empleos.