En Nuevo León, decir “basta” ya no es suficiente. Es momento de actuar con todo el peso de la ley contra quienes han hecho de la violencia sexual un infierno para nuestras niñas y niños. No podemos seguir permitiendo que perversos sexuales destruyan vidas y caminen entre nosotros como si nada.
A pesar de que las penas de cárcel actuales son altas —la mínima es de 9 años y la máxima hasta 60 años—, está claro que no han sido efectivas. Por eso nuestra propuesta no se anda con rodeos: vamos tras ellos, y vamos con todo. Proponemos una reforma al Código Penal del Estado para establecer una medida de seguridad clara: Tratamiento Integral Farmacológico, también conocido como castración química. Sí, como suena. Medicamentos que inhiben el impulso sexual de agresores sexuales, para que no puedan volver a hacerle daño a nadie más.
¿Por qué? Porque los números son brutales. En 2022, más de 7 mil menores fueron víctimas de abuso en nuestro estado. Porque cada caso es una infancia destrozada, una familia rota, una madre desesperada. Porque el 85% de las víctimas son niñas y mujeres, y ya es hora de frenar esta tragedia.
Esto no es venganza. Es justicia, es prevención. Es proteger a los más vulnerables con herramientas efectivas que ya se aplican en países como Alemania, Suecia o algunos estados de Estados Unidos, y que han logrado reducir la reincidencia de estos monstruos.
No vamos a esperar a que haya más víctimas para actuar. Hoy levantamos la voz por quienes no pueden hacerlo, por los que tienen miedo, por los que aún cargan con las secuelas del abuso. Esta medida es para ellos. Para decirles que Nuevo León sí puede, sí quiere y sí va a protegerlos. Que no están solos.
Hoy decimos fuerte y claro: Nuevo León se defiende. Y a los agresores les advertimos: quien se atreva a cometer un abuso se enfrentará a un estado firme y sin tolerancia. A nuestras niñas y niños vamos a cuidarlos, vamos a protegerlos y vamos a hacer todo lo posible para que ninguno vuelva a pasar por este infierno.