Señalarán responsables en caída de escenario en San Pedro

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Señalarán responsables

Dicen Los Infiltrados que hoy la Fiscalía de Justicia dará información relevante sobre el caso del templete que se desplomó hace un año en el mitin de cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro, y provocó la muerte de 10 personas.

A un año de la tragedia en el mitin de Movimiento Ciudadano, las autoridades van a buscar imputar a ex funcionarios municipales y a empleados de la empresa ProAudio del Norte, aunque hasta ahora se han reservado las identidades de los señalados.

Cuando ocurrió el accidente, el director de Protección Civil del municipio era José Ismael Contreras Martínez, y los directivos de la empresa encargada de montar el escenario y luces que colapsaron son Víctor Antonio, Luis Manuel y Carlos Alonso Gutiérrez Zubieta.

Los indecisos

La elección para la gubernatura de Nuevo León en 2027 tendrá dos actores que serán clave para el estado: los municipios de Monterrey y Guadalupe, por ser cuna de numerosos electores que han variado constantemente sus preferencias políticas.

Dicen Los Infiltrados que PRIAN, Morena y Movimiento Ciudadano van a enfocar sus baterías en esas trincheras para sumar votos, y los obligados a darle un buen resultado a sus partidos son el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el de Guadalupe, Héctor García.

Y es que, a diferencia de otros municipios que ya han vuelto casi una tradición votar por un mismo color, regios y guadalupenses han demostrado que son indecisos, pues han probado por igual con munícipes del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano.

Guerra en Zuazua

En el municipio de Zuazua, el regidor emecista Mario Escoto, esposo de la exalcaldesa Nancy Gutiérrez, un día sí y otro también le pone piedritas en el camino a la alcaldesa de Morena, Deyanira Martínez.

Dicen Los Infiltrados que Escoto anima a los habitantes de los terrenos irregulares denominados Tlaxcala a que aprovechen los eventos públicos que realiza la munícipe morenista para exigirle servicios.

El problema es que si continúa politizándose el conflicto, los posesionarios van a salir afectados porque la regularización de los predios que hoy ocupan será cada vez más complicada.