Solidaridad organizada

Solidaridad organizada

Soy una convencida que los problemas estructurales que enfrentamos en Nuevo León y en México solo se podrán superar en la medida que haya un trabajo coordinado y estrecho entre autoridades y ciudadanos. Todos juntos somos un solo equipo que debemos trabajar por el bien común.

En este sentido, reconozco ampliamente la labor que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) porque cada una cumple una función específica, tiene una bandera y defiende una causa, pero todas tiene el común denominador de ayudar a su propia comunidad, a estar ahí donde las autoridades fallan o no llegan.

Me parece injusto que instituciones como Renace, Nuevo Amanecer, Casa INDI, la Casa Azul, Casa San Nicolás, el Comedor de los Pobres, Hogar de la Misericordia y Arena, entre muchas otras, tengan que enfrentar una crisis financiera, que no puedan ofrecer un servicio completo o que sus proyectos estén truncos porque el gobierno del estado tiene retenidos los apoyos pese a los convenios existentes.

Estas organizaciones no están pidiendo un favor. No están solicitando una dádiva. Están exigiendo que se cumpla al cien por ciento con una obligación, porque diariamente atienden a personas en situación de vulnerabilidad, que brindan alimentos, acompañamiento jurídico, terapias, atención a personas con discapacidad, apoyo a migrantes, protección a niñas y niños y cuidados a adultos mayores.

Muchas de estas labores, que deberían estar garantizadas por el Estado, son realizadas por la sociedad civil con una eficiencia y una sensibilidad que difícilmente pueden sustituirse.

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Lo más preocupante es que, mientras el Gobierno retrasa los pagos, estas organizaciones siguen haciendo esfuerzos extraordinarios para no abandonar a quienes más las necesitan. Reducen personal, recortan servicios, se endeudan y buscan donativos para mantenerse de pie. Sin embargo, llega un momento en que la voluntad y la solidaridad ya no son suficientes cuando los recursos no alcanzan y no llegan.

Resulta contradictorio que el Gobierno del Estado tenga la capacidad de destinar importantes cantidades de recursos a otros programas, pero no logre garantizar el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos con las organizaciones sociales que atienden a miles de personas. La pregunta es inevitable: ¿Por qué se priorizan proyectos superfluos, mientras se deja en la incertidumbre a quienes realizan una labor social indispensable?

Aunque en días recientes el Estado prometió, una vez más, que ahora sí pagaría adeudos antes de que concluir el año, estimo necesario hacer una revisión exhaustiva a la Ley de Fomento a la Sociedad Civil Organizada, con el propósito de analizar y fortalecer los mecanismos mediante los cuales se asignan y entregan estos recursos supuestamente etiquetados.

Nuevo León necesita avanzar hacia un esquema que brinde certeza financiera y continuidad efectiva a estas instituciones. Porque no podemos permitir que la atención de las personas más vulnerables dependa de la voluntad política, de pagos en cómodas parcialidades o de cambios en la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado.

Estoy convencida que fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil es fortalecer a Nuevo León. Es reconocer que la solidaridad organizada también es una forma de construir justicia social y que el gobierno debe ser un aliado, no un obstáculo, para quienes dedican su vida a servir a los demás.

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