En el gobierno federal no están leyendo bien la crisis que México vive frente a los Estados Unidos. Me refiero a la crisis política que deriva de una crisis jurídica internacional entre ambos países y que comenzó formalmente hace unas semanas, cuando una corte federal de Nueva York solicitó a México la detención con fines de extradición de Rubén Rocha y nueve de sus allegados que lo acompañaron en su gestión como gobernador, hoy con licencia, de Sinaloa.
Lo que comenzó como un pedimento jurídico formal al amparo de las leyes y los tratados internacionales en materia de extradición, se ha transformado en una crisis política con el vecino del norte.
Sin embargo, el guion de esta trama ya está escrito por los norteamericanos, quienes han dejado que el gobierno mexicano avance a tumbos tratando de adivinar los próximos capítulos. Capítulos que, insisto, ya están escritos, pero que, como en una serie moderna de Netflix, se irán revelando semanalmente.
No tengo duda de que todo está documentado y soportado desde hace tiempo. Como sucede en investigaciones de trascendencia internacional, las fiscalías y los cuerpos de inteligencia trabajan de manera meticulosa para hacerse de pruebas que descubren y construyen a través de testigos cooperantes, a quienes ofrecen un trato diferenciado a cambio de sus dichos. La lealtad se pone a prueba para que la traición salga victoriosa.
La errónea lectura en el manejo de esta crisis quedó demostrada cuando el gobierno mexicano intentó descalificar y desestimar la petición jurídica exigiendo pruebas, un extremo que en estricto derecho no correspondía.
Así, el gobierno federal abrió otro frente de batalla, el político, al sostener que el gobierno norteamericano actuaba movido por intereses desconocidos.
Pruebas irrefutables y contundentes exige México para acceder a la detención de los diez acusados. Pruebas y más pruebas es el único argumento que sostiene su negativa.
Como dice el dicho: “Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir”, y parece ser que así sucederá después de la captura, entrega o como quieran llamarle al hecho de que dos de los diez acusados hoy se encuentran bajo el resguardo y protección del sistema de justicia norteamericano, siendo procesados dentro de la causa que los perseguía.
Volviendo a la teoría de los peldaños, en la que los de abajo acusan a los de arriba, no se necesita ser experto para entender hacia dónde podrían apuntar las declaraciones que dichos funcionarios estén realizando a cambio de un trato diferenciado.
Muy pronto el gobierno mexicano tendrá conocimiento de las pruebas que tanto ha exigido y entonces descubrirá que el problema nunca fue la ausencia de evidencia.
Porque mientras en México siguen discutiendo si existen razones para abrir el siguiente capítulo, quienes construyeron esta investigación parecen haber diseñado distintos finales para la temporada.
La única incógnita que queda por resolver es cuál de ellos terminará escogiendo el propio gobierno mexicano.