Contra la prensa

Daniela Mendoza
10 de Diciembre 2020
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Daniela Mendoza

La falta de preparación en materia de libertad de expresión, de información, libre tránsito y protección de datos personales de las policías municipales y así como de personal en materia de Comunicación en Monterrey y Guadalupe, quedaron en evidencia el pasado fin de semana.

Dos corresponsables de medios nacionales, un hombre y una mujer, sufrieron abuso de autoridad y retención ilegal de la libertad por parte de corporaciones policías mientras se encontraban en lugares públicos.

Juan fue golpeado, detenido y encerrado en las celdas de la policía de Monterrey por “estar tomando fotos” de elementos policiales que se encontraban en la vía publica. Debió pagara una multa administrativa y estuvo incomunicado por varias horas, además sufrió pérdidas materiales en su equipo de trabajo, pues con el forcejero resultó dañado.

Yolanda estuvo por más de una hora cercada por patrullas de Guadalupe, que acudieron al lugar por “llamadas alertando gente sospechosa tomando fotos”. A Ella no la detuvieron, pero la Policía de Guadalupe decidió revelar sus datos luego de que la noticia sobre su retención fuera publicada en el periódico La Jornada, en el que labora.

Ella estuvo expuesta al asedio de personal de comunicación en el Municipio y el golpeteo de redes sociales cuando en un boletín de prensa se reveló su nombre completo faltando a la protección de datos personales en poder de la autoridad.

Las mujeres y los hombres periodistas sufren violencias diferenciadas. De acuerdo con un estudio global realizado por la organización International Women’s Media Foundation, entre 2017 y 2018, que contó con la participación de 597 mujeres, reveló que el 63 % ha sido amenazada o acosada en línea, el 58 % en persona y en 26 % de casos llegó más allá y la periodista sufrió ataques físicos

No existe conocimiento por parte de los oficiales de policía acerca de los derechos humanos y no hay protocolos de actuación cuando de su ejercicio de trata. Tampoco hay voluntad política de los municipios en reconocer esta carencia y subsanarla.

Desde febrero de 2019, en el Congreso del Estado está esperando en ser analizada la iniciativa de Ley para la Protección de Periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos. Ya va para dos años en la Congeladora.

Lo más grave es que, no existe por parte de la ciudadanía en general la comprensión de que, un ataque a la libertad de expresión de una persona que se dedican al periodismo es un ataque también hacia ellas y ellos como ciudadanos, que tienen el derecho a la información.

 

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