Violencia digital

Daniela Mendoza
07 de Enero 2021
image

Daniela Mendoza

Las medidas de sana distancia, producto de la pandemia por covid, han dejado a ciertos sectores la restricción de sus actividades in situ; algunos trabajos de oficina, la educación formal e incluso el entretenimiento han sido relegadas al mundo virtual como medida de protección sanitaria.

El Fondo para las Naciones Unidad por la Infancia UNICEF ha alertado que niños, niñas y adolescentes han pasado más tiempo en casa conectados a internet. En México, 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y 94% usan internet o una computadora.

Si bien internet es un medio que les brinda grandes oportunidades para encontrar información, continuar con sus actividades educativas y estar en contacto con sus seres queridos también representa riesgos.

Según las encuestas nacionales, 25% de adolescentes de entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso en México. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través del Módulo de Ciberacoso (MOCIBA) 2019 destacan que el 23.9 % de la población de 12 a 19 años que utiliza el internet está expuesta al ciberacoso; revela que mientras mujeres reciben insinuaciones sexuales, los hombres se quejan de mensajes ofensivos.

La navegación en internet es insegura para ambos sexos, sin emabrgo, hombres y mujeres reciben violencias diferenciadas. En 2019 el porcentaje de acoso cibernético fue mayor para las mujeres llegando al 24.2% del total de estos casos, mientras que por parte de los hombres fue de 23.5%.

El Informe “Juticia en Trámite”, del colectivo Luchadoras señala que de abril de 2012 al 30 de agosto de 2020 se llevaron a cabo 35 reformas legislativas contra la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en 28 estados del país.

El 26 de noviembre de 2020, la Cámara de diputados incorporó la definición de violencia digital a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Estos delitos se perseguirán por querella y las penas serán de cuatro a seis años de prisión y de 500 a 1000 Unidades de Medida y Actualización (“UMAs”); es decir, de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.

El carácter punitivo de la reforma no garantiza el derecho de mujeres a una vida libre de violencia, ya las expone a la violencia institucional; el personal de los ministerios públicos no está capacitado ni en derechos humanos ni en perspectiva de género o violencia digital.

No hay sanción para el hackeo, el acoso, los comentarios discriminatorios, o alguna otra firma de violencia digital que reciben también, en forma indistinta, mujeres y hombres. Ante estos hechos, la educación en el uso de las herramientas sociodigitales es urgente en el plano institucional, pero también desde el hogar.

 

Nota: La opinión de los columnistas es responsabilidad exclusiva de los mismos. 

 

Comentarios