Prisión por clientelismo electoral

Gilberto de Hoyos
03 de Mayo 2021
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Gilberto de Hoyos

La prisión preventiva es una de las medidas que se imponen mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia de la persona imputada en el procedimiento penal, garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigo, o evitar la obstaculización del proceso.

En el año 2019 fue reformado el artículo 19 de la Constitución Federal, ampliando el catálogo de delitos en los que la persona juzgadora ordenará prisión preventiva de manera oficiosa –sin la exigencia de ser solicitada por el Ministerio Público– para incorporar, entre otros, al uso de programas sociales con fines electorales, quedando pendiente adecuar las legislaciones secundarias para su aplicación.

De esta forma, en febrero de 2021 se adicionaron disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, definiendo con claridad los ilícitos en los que resulta aplicable la prisión preventiva oficiosa, mismos que buscan proteger la imparcialidad en el desempeño del servicio público, así como la equidad en la competencia política, inhibiendo el aumento de prácticas clientelares, en concreto, el uso de programas sociales a cambio del voto.

Por las características de los programas sociales es que se refuerza la prevención de su uso –utilización, suspensión o condicionamiento– con fines electorales, ya que se trata de políticas públicas prioritarias y de interés público que se dirigen mayormente a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad, garantizando el pleno ejercicio de los derechos sociales y permitiendo el acceso de toda la población al desarrollo social, principalmente en ramos de educación, salud, alimentación, vivienda y generación de empleos.

Así, quienes cometan un delito electoral en relación al uso de programas sociales, estarán sujetos al procedimiento penal bajo restricción de su libertad, debiendo cumplir la prisión preventiva en los Centros Penitenciarios.

Con ello se aprecia la seriedad que implica la comisión de estas conductas lesivas, pues durante el proceso penal se ordenará la prisión preventiva oficiosa, hasta concluir con una sentencia condenatoria que establezca la pena privativa de libertad por la cantidad de años que corresponda al delito y, de ser el caso, su agravante.

 

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