Un caso más de violencia institucional

Karla Torres
06 de Enero 2021
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Karla Torres

Hace menos de una semana al leer el periódico me topé nuevamente con esta nota recurrente: un interno en un centro de rehabilitación para adictos al alcohol y a las drogas murió por negligencia del recinto, en este caso ubicado en Pesquería, Nuevo León.

Desgraciadamente este tipo de noticias son bastante comunes en nuestro estado y a nadie parece importarle; quizás el tema de la violencia institucional que viven las personas con adicciones son minimizadas por el sistema de justicia debido al estigma y la criminalización que trae consigo la enfermedad.

En este nuevo caso, un joven de 19 años, de nombre Javier Alvarado, fue sujetado por dos internos de este centro, pues se encontraba inestable por estar en etapa de desintoxicación. Fue amordazado y murió asfixiado.

Ahora hay dos detenidos acusados de homicidio preintencional y un centro que probablemente siga operando, como usualmente pasa con estos lugares. El año pasado trascendió en los medios de comunicación el caso de Angela Saucedo, una menor de 16 años que fue violada y asesinada en un centro de rehabilitación ubicado en el municipio de Santa Catarina.

Sus padres aún siguen buscando justicia a pesar de la indolencia de la Fiscalía estatal y el centro sigue operando con toda impunidad. Debemos recordar que el alcoholismo y el abuso de sustancias son enfermedades muy frecuentes entre la población de Nuevo León: ocupamos el segundo lugar nacional en consumo excesivo de alcohol.

En cuanto al abuso de sustancias existe un aumento en usuarios de entre 12 y 18 años del 81% de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Con la pandemia la salud mental de la comunidad ha sufrido graves estragos.

En el caso de abuso de sustancias y el alcoholismo, quienes intentan buscar ayuda en la comunidad de Alcohólicos Anónimos (en donde milito desde hace 8 años, mismos que llevo sobria) la tienen muy complicada, pues muchos grupos se encuentran cerrados por el riesgo de contagio y no todo mundo tiene acceso a las juntas en zoom.

La realidad es que el Estado ofrece opciones muy limitadas para tratar a estas poblaciones, no hay política pública efectiva a ningún nivel de gobierno y muchos de los pocos centros que existen no son profesionales y recurren a prácticas de abuso que provocan casos como el de Javier y el de Angela.

Esperemos que en este 2021 algunas o algunos de los aspirantes a los cargos de elección popular propongan soluciones de salud pública para este terrible problema que lacera severamente al tejido social.

Nota: La opinión de los columnistas es responsabilidad exclusiva de los mismos.

 

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