Monterrey. - A 15 años del ataque al Casino Royale de Monterrey, que dejó 52 personas fallecidas, Héctor Javier Montoya Chávez, alias “La Rana”, recuperó su libertad tras cumplir una condena de 15 años de prisión por delitos relacionados con el atentado ocurrido el 25 de agosto de 2011.
De acuerdo con información judicial difundida el 14 de octubre, Montoya Chávez salió del Centro Federal de Reinserción Social número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango, luego de que se ordenara su liberación por la causa penal 162/2011.
La resolución también contemplaba a José Alberto Loera Rodríguez, conocido como “El Voltaje”; sin embargo, este permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 12, en Ocampo, Guanajuato, debido a que enfrenta otros procesos penales pendientes en Nuevo León.
Ambos hombres fueron señalados como integrantes de un grupo delictivo y recibieron una sentencia de 15 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, dentro del expediente relacionado con las investigaciones del ataque al establecimiento.
La orden judicial estableció su libertad bajo protesta a partir de los últimos minutos del pasado 4 de octubre, exclusivamente por la causa penal 162/2011, sin que esta determinación implicara la cancelación de otros procedimientos judiciales en su contra.
Tras confirmarse la salida de Montoya Chávez, el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito solicitó al juzgado correspondiente localizarlo para obtener un medio de contacto que permita notificarle futuras resoluciones relacionadas con su proceso judicial.
El atentado ocurrió el 25 de agosto de 2011, cuando un grupo de hombres armados ingresó al Casino Royale, ubicado sobre la avenida San Jerónimo, en Monterrey, donde rociaron combustible y provocaron un incendio que ocasionó la muerte de 52 personas, entre ellas dos mujeres embarazadas.
La liberación generó preocupación entre familiares de las víctimas, quienes desde que se conoció la orden judicial solicitaron a las autoridades esclarecer la situación jurídica de los implicados y garantizar medidas de protección ante posibles riesgos para su seguridad.
Samara Pérez Muñiz, vocera del Colectivo 52+2 y madre de una de las víctimas, calificó como lamentable la liberación y señaló que las familias continúan buscando respuestas sobre los procedimientos judiciales relacionados con el atentado.
Los familiares también buscan establecer comunicación con autoridades federales, incluida la Fiscalía General de la República, para conocer los alcances de la resolución y solicitar medidas que garanticen su seguridad, mientras continúan exigiendo justicia por las 52 personas que perdieron la vida.