Monterrey.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre el avance en el caso conocido como “La tía Paty”, en el que dos personas fueron imputadas por el delito de extorsión tras el cumplimiento de una orden de aprehensión.
Durante la audiencia correspondiente, un Agente del Ministerio Público Investigador formuló imputación en contra de Astrid “N”, de 33 años, y César “N”, de 39 años, al presentar datos de prueba que apuntan a su presunta participación en hechos con características del delito de extorsión.
De acuerdo con la autoridad, el juez de control consideró que existen elementos suficientes para establecer la posible intervención de ambos imputados en los hechos señalados, por lo que procedió a resolver su situación jurídica de manera diferenciada.
En el caso de Astrid “N”, el juez dictó auto de vinculación a proceso, al estimar acreditada su probable participación en el delito. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva, misma que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal, además de fijarse un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Por su parte, la defensa de César “N” solicitó la ampliación del término constitucional para definir su situación jurídica, petición que fue concedida por la autoridad judicial. En consecuencia, se programó la continuación de la audiencia para el próximo 31 de marzo de 2026. Mientras tanto, el imputado permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Según los antecedentes del caso, ambas personas fueron detenidas el pasado 25 de marzo por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por su presunta participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como “Tía Paty”.
Dichas cuentas habrían sido utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de retirar publicaciones. Además, las autoridades investigan posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales, así como el uso indebido de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad.
La Fiscalía estatal indicó que las indagatorias continúan en curso para esclarecer completamente los hechos y determinar la posible responsabilidad de los implicados.