El Carmen.- José Carlos “N”, identificado como activista social y ligado al Partido del Trabajo, fue detenido y vinculado a proceso por presuntamente participar en la ocupación ilegal y comercialización irregular de terrenos en el municipio de El Carmen, Nuevo León, en un caso que ya suma alrededor de 600 personas afectadas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado determinó procesarlo por los delitos de despojo y amenazas, además de imponerle prisión preventiva mientras continúan las investigaciones relacionadas con un predio que, según las indagatorias, pertenece a un fideicomiso bancario.
De acuerdo con las investigaciones, el ahora imputado encabeza una organización denominada “Patrimonio y Bienestar El Milagro A.C.”, desde donde presuntamente promovían la entrega y venta de lotes a familias interesadas en adquirir un patrimonio, pese a que no serían los propietarios legales de los terrenos.
Las autoridades señalaron que el grupo operaba presuntamente junto con Freddy “N”, exregidor de El Carmen, y Enrique Javier “N”, exsecretario de Seguridad Pública municipal durante la administración de Humberto Medina “Rocco”.
Según las indagatorias, el objetivo era dividir el predio en alrededor de mil 280 terrenos y comercializarlos mediante pagos semanales o quincenales de mil pesos, hasta completar cantidades cercanas a los 200 mil pesos por lote.
Hasta el momento, las investigaciones apuntan a que aproximadamente 590 espacios ya habrían sido ofrecidos o apartados por ciudadanos que entregaron dinero creyendo que adquirirían legalmente un terreno.
El primer incidente relacionado con este caso ocurrió el pasado 27 de abril, cuando José Carlos “N” fue arrestado por presuntamente ingresar de manera ilegal a un predio ubicado en la colonia Buenavista, en El Carmen.
En esa ocasión, la denuncia señalaba daños en cercas de madera, estructuras de concreto y alambre de púas colocados para delimitar la propiedad.
El 13 de mayo volvió a ser detenido, ahora acusado de amenazas y despojo. De acuerdo con la carpeta de investigación, el activista habría acudido nuevamente al terreno acompañado de otras personas y presuntamente portando un machete.
La denuncia establece que, durante esos hechos, el guardia encargado de vigilar la propiedad fue amenazado mientras se realizaba la ocupación del predio.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó distintos elementos de prueba, entre ellos testimonios, documentación relacionada con la propiedad del inmueble, planos topográficos y peritajes.
Además, se integraron estudios psicológicos y declaraciones que, según la autoridad, fortalecieron la acusación en contra del imputado.
Tras analizar los datos expuestos, la jueza consideró legal la detención y determinó vincularlo a proceso, al considerar que existen elementos suficientes para continuar con la investigación.
También resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social Número 1 Norte de Nuevo León, al estimar que existe riesgo para las víctimas y antecedentes de conflictos similares en ese mismo terreno.
El cierre de la investigación complementaria fue fijado para el próximo 20 de agosto de 2026.
Las indagatorias apuntan a que decenas de familias habrían entregado recursos económicos con la esperanza de adquirir un terreno propio, sin saber que el predio se encontraba en disputa y no podía ser comercializado legalmente.