Un juicio público y justo para Layda Negrete y Roberto Hernández, directores del documental ""Presunto Culpable"", pedirá el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Vidal Llerenas Morales, desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Mediante un punto de acuerdo que presentará hoy ante la diputación permanente, el legislador argumentará que, a pesar de que ""es comprensible"" la molestia que el documental generó al Tribunal Superior de Justicia del DF, ""el material contribuye de manera importante para desenmascarar una serie de cuestiones que lamentablemente no deberían de formar parte de nuestro sistema de impartición de justicia"".
En el documento que ofrecerá ante los diputados asegura que ""pareciera que la estrategia es continuar acumulando demandas, que aunque no sean resueltas, no permitirían más la distribución o exhibición del documental"".
Llerenas Morales agrega que ""lamentamos mucho la decisión de la juez Rosario Mancera quien decidió realizar la audiencia a puerta cerrada y sin la presencia de los medios de comunicación, invocando el artículo 59, fracción 1, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal"".
Argumenta que ""un juicio abierto y justo contribuiría de manera importante a dar credibilidad a los procesos llevados a cabo por el poder judicial de la ciudad"".
Polémica
El punto de acuerdo se presentará ante la ALDF una semana después de la polémica generada porque la juez 17 en materia civil, María del Rosario Mancera, cerró la audiencia -incluso a los medios de comunicación- para el desahogo de las pruebas con motivo del litigio por daño moral que enfrentan Layda Negrete y Roberto Hernández, directores del documental difundido con éxito en el 2011.
La acción provocó la inconformidad de Negrete, quien acusó que sentía acoso por parte del poder judicial y recordó que solicitó a la juez que la audiencia fuera pública.
En respuesta, el TSJDF aclaró que la decisión de la juez se apegó a derecho y alegó que se hizo por el desarrollo de un procedimiento judicial exento de presiones.
El sábado, el director Roberto Hernández hizo pública una carta en la que acusó al Tribunal de laborar ""en secreto y lejos del escrutinio de los ciudadanos"".