Monterrey.- En los últimos días, el cantante mexicano Gerardo Ortiz ha estado en el centro de la controversia debido a su presunta implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Durante el juicio contra Ángel del Villar, presidente de Del Entertainment, se reveló que Ortiz habría reconocido haber participado en conciertos organizados por promotores vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según informes, Ortiz habría admitido haber realizado al menos seis presentaciones para el CJNG, lo que lo llevó a declararse culpable de conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante especialmente designado.
Esta declaración surgió en el contexto del juicio contra Del Villar, acusado de violar la Ley Kingpin al realizar negocios con Jesús Pérez Alvear, conocido promotor musical relacionado con el CJNG y asesinado en 2024.
Sin embargo, el abogado de Gerardo Ortiz, Mark J. Werksman, ha desmentido estas acusaciones, afirmando que su cliente no se ha declarado culpable de ningún delito.
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Según Werksman, Ortiz ha actuado únicamente como testigo en el juicio, declarando sobre sus presentaciones en conciertos en México pactados por promotores con los que la (OFAC) ha prohibido a los estadounidenses hacer negocios.
El abogado enfatizó que Ortiz no está involucrado en actividades criminales ni ha cooperado con las autoridades para incriminar a otras personas o grupos.
La defensa de Ortiz sostiene que los conciertos en cuestión fueron gestionados por su exrepresentante, quien le aseguró que podía actuar sin que esto representara un riesgo legal.
No obstante, estos eventos resultaron en una violación de la ley federal, ya que involucraban a promotores vinculados a la OFAC, que impide a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con entidades o individuos en su lista negra.
Por su parte, Ángel del Villar enfrenta cargos por haber utilizado su sello discográfico, Del Records, para blanquear dinero ilícito.
Se alega que Del Villar convenció a Ortiz de ignorar una advertencia del FBI en 2018 sobre no tocar en conciertos organizados por “Chucho” Pérez, debido a que una parte de las ganancias de estos espectáculos fluían directamente a la agencia de talentos.
El caso ha generado un intenso debate sobre la relación entre la industria musical y el narcotráfico en México.
Mientras las autoridades estadounidenses continúan investigando las conexiones entre promotores musicales y organizaciones delictivas, la situación de Gerardo Ortiz permanece en el foco público.
A pesar de las declaraciones de su abogado, la percepción pública y las implicaciones legales podrían afectar la carrera del cantante en el futuro cercano.
Este caso destaca la complejidad de la industria del entretenimiento en México y la necesidad de una mayor transparencia y regulación para evitar la infiltración de actividades ilícitas en el sector artístico.
La colaboración entre autoridades y artistas es esencial para garantizar que la música y la cultura se mantengan alejadas de influencias negativas que puedan perjudicar su integridad y la de sus seguidores.