Tamaulipas.- La reforma al Poder Judicial busca garantizar la integridad del sistema de justicia en México mediante la implementación de estrictos filtros para la selección de jueces y magistrados, así lo afirmó la Consejera Jurídica del Gobierno de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López.
La consejera subrayó que esta medida responde a la necesidad de evitar que personas con vínculos con el crimen organizado accedan a estos cargos clave.
Contreras López detalló que los blindajes diseñados para este proceso se enfocan en asegurar que únicamente los candidatos más idóneos y con una trayectoria intachable puedan formar parte del Poder Judicial.
“Es algo que se analizó muy bien, precisamente por ese tema de la llegada de personas no idóneas; sin embargo, todavía hay que ver que hay muchos filtros”, indicó.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es el diseño de mecanismos de selección que no solo depuran a los aspirantes durante el proceso, sino que también garantizan que los criterios de evaluación se enfoquen en competencias y valores éticos.
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Esta reforma responde a las preocupaciones sobre la posible infiltración de grupos delictivos en el sistema judicial, una problemática que ha generado alarma en diversas regiones del país.
Según Contreras López, los cambios planteados eliminan la posibilidad de que “narco jueces” o personas no gratas se conviertan en autoridades judiciales.
“Es algo que está muy claro, el objetivo es proteger al Poder Judicial y fortalecerlo, evitando que intereses externos lo vulneren”, destacó.
El compromiso del Gobierno de Tamaulipas, explicó, es coadyuvar en la implementación de estas medidas, promoviendo un sistema judicial confiable y sólido que pueda responderte a las demandas de justicia de la ciudadanía.
En medio de un contexto nacional marcado por retos en materia de seguridad y justicia, las acciones para blindar al Poder Judicial son un mensaje claro de que las instituciones están tomando medidas para protegerse de posibles infiltraciones.
La consejera finalizó afirmando que la reforma no solo representa un cambio en los procesos administrativos, sino una transformación profunda hacia un sistema judicial más transparente, ético y confiable.