Ciudad Victoria.- La Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas aprobó reformas a la Constitución Política de Tamaulipas que establecen un cambio en la fecha de presentación del informe anual del gobernador en años electorales.
A partir de este año, el informe se presentará en febrero en lugar de marzo, con el objetivo de evitar interferir en el periodo de veda electoral.
El diputado presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Armando Prieto Herrera, explicó que esta modificación busca garantizar que el informe no afecte el proceso electoral.
"Es importante destacar que, en los próximos años, habrá elecciones políticas hasta 2027. En virtud de ello, se considera que el informe del gobernador debe realizarse en marzo, pero con la salvedad de que se adelanta a febrero solo en los años con elecciones", comentó el legislador.
De acuerdo con la reforma aprobada, en los años no electorales, el informe anual del gobernador se presentará en la primera quincena de marzo, en este sentido, el tercer informe de actividades de Américo Villarreal se adelantará a la primera quincena de febrero de 2025, para evitar coincidir con el proceso electoral extraordinario que renovará los cargos del Poder Judicial Estatal.
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El informe anual incluye una detallada presentación sobre el estado que guarda la administración pública estatal, y en esta ocasión, se llevará a cabo en una sesión pública y solemne, además, los secretarios de las distintas dependencias del gobierno estatal comparecerán ante el Pleno del Congreso para ofrecer informes más específicos sobre las actividades de sus áreas.
En otro punto de la sesión, los diputados también aprobaron un Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Recursos Hidráulicos un informe detallado sobre las acciones que se están llevando a cabo en Tamaulipas para el tratamiento de aguas grises, un tema de creciente importancia para el manejo sustentable de los recursos hídricos en el estado.
Con estos cambios, el Congreso de Tamaulipas busca garantizar la transparencia y la adecuada separación entre las actividades gubernamentales y el proceso electoral, en beneficio de la democracia y la administración pública estatal.