Tamaulipas.- La despenalización del aborto ha vuelto al escenario legislativo en Tamaulipas, luego de permanecer congelada por dos años.
La diputada local Lucero Deosdady Martínez López, de Morena, lidera el esfuerzo para reactivar esta iniciativa con el objetivo de que sea discutida y votada durante el actual periodo ordinario del Congreso estatal.
Martínez López, quien preside la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad, ha señalado que se trata de una deuda pendiente en materia de derechos humanos y justicia social.
“Ya no hay justificación para seguir postergando este debate, es un tema resuelto desde el ámbito constitucional y la Suprema Corte ha sido clara al respecto”, declaró.
La legisladora explicó que se han retomado las mesas de trabajo y se está en contacto con organizaciones feministas y de salud para integrar nuevas perspectivas y enriquecer la propuesta.
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"Hay voces nuevas, colectivos que han hecho aportes significativos en estos años. El contexto ha cambiado y es necesario legislar en consecuencia”, dijo.
Diversas organizaciones civiles han alertado sobre las consecuencias de mantener la criminalización del aborto, entre ellas el aumento de abortos clandestinos, que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres, así como la falta de acceso a atención médica adecuada ante complicaciones.
Actualmente, el Código Penal de Tamaulipas contempla penas de prisión para quienes aborten y para quienes realicen el procedimiento, con castigos que van desde uno hasta ocho años de cárcel, además de sanciones adicionales para personal médico.
Solo se permiten excepciones en casos de violación, riesgo para la vida de la mujer o malformaciones graves del feto, pero incluso en esos escenarios el acceso sigue siendo limitado.
“Este no es un tema de creencias personales”, insistió Martínez López. “Es un problema de salud pública y una cuestión de derechos fundamentales que debemos atender con responsabilidad”.