Tamaulipas.- La noche del miércoles, Jorge Fernández González recuperó su libertad tras casi nueve años en prisión por el presunto delito de feminicidio en agravio de quien entonces era su esposa, María del Pilar Garrido Santamans, ciudadana española, en hechos ocurridos en julio de 2017.
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Gisela Contreras López, aclaró que esto se debió a una resolución de un tribunal federal.
“Se trata de un asunto que aún puede ser susceptible de un nuevo análisis; por tanto, la información que puede compartir el Poder Judicial es restringida. En este asunto, hay una decisión de un Tribunal Colegiado federal, de orden federal, que vincula al Poder Judicial, a través de la Sala Colegiada Penal, a que realice una nueva revisión de cuáles fueron los elementos y los argumentos que presentó la Fiscalía. En este análisis, se determina que no existe el contexto necesario como para continuar sosteniendo la responsabilidad de la persona que fue imputada”, señaló la magistrada.
El hoy liberado se encontraba recluido en el penal de Ciudad Victoria desde agosto de 2017.
En su momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado imputó a Fernández González como principal sospechoso de la desaparición de su esposa, ciudadana española originaria de Valencia.
Fue en agosto de 2017 cuando finalmente se localizaron los restos óseos de María Pilar en una brecha que parte de la carretera Victoria-Soto La Marina. Por su parte, el esposo de la víctima siempre sostuvo su inocencia y señaló a dos posibles sospechosos, cuya participación en la desaparición y posterior muerte de María Pilar finalmente no pudo demostrarse.
“La resolución de la Sala determina que es insuficiente el material probatorio que aportó en su momento la Fiscalía. Recordemos que se trata de hechos de 2017 y que, tras un análisis integral de las pruebas aportadas por la Fiscalía, se determinó que no existen pruebas suficientes para sostener la condena por feminicidio que en su momento se dictó”, aclaró Tania Contreras.
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia mencionó que, en este caso en particular, no se desconoce la existencia de una víctima ni las demandas de su familia para que se haga justicia. Sin embargo, señaló que la autoridad judicial no puede sostener una condena penal cuando no se cuenta con evidencia suficiente para justificarla.
Finalmente, apuntó que el Poder Judicial está a favor de los derechos de las víctimas y pugna contra la impunidad.