Ciudad de México.- El Gobierno federal trabaja en un mecanismo para identificar a personas que permanecen en prisión preventiva durante largos periodos sin recibir sentencia, así como a quienes ya fueron condenados por delitos menores y podrían acceder a una preliberación.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la estrategia contempla revisar directamente los expedientes y la situación jurídica de las personas recluidas para acelerar los procedimientos pendientes.
“Se está trabajando en dos áreas, particularmente. Una que tiene que ver con todos aquellos procesos que corresponden al sistema anterior. Quiere decir que ya tienen, pues, muchos años en prisión preventiva, sin obtención de sentencia”.
Alcalde explicó que se están identificando los reclusorios donde se encuentran estas personas y el procedimiento bajo el cual permanecen privadas de la libertad, con el objetivo de acelerar la resolución de los casos.
El segundo frente corresponde a personas que ya tienen una sentencia por delitos menores, pero que cumplen las condiciones legales para obtener un beneficio de libertad anticipada y cuya defensa no ha promovido el procedimiento.
“La otra tiene que ver también con todo un plan que se establece sobre aquellas personas que ya obtuvieron una sentencia de delitos menores, o sea, que no requieren prisión preventiva o oficiosa”.
La Consejería Jurídica analiza, además, un mecanismo oficioso, de manera que, cuando las autoridades identifiquen un caso que reúna los requisitos, pueda ser llevado ante un juez para que determine si procede el beneficio.
Nuevo León: más de 10 mil personas privadas de la libertad
El diagnóstico nacional más reciente del INEGI, con datos al cierre de 2024, contabilizó 10 mil 549 personas privadas de la libertad en Nuevo León: 9 mil 971 hombres y 578 mujeres. La entidad tenía entonces cuatro centros penitenciarios estatales y un centro especializado, con capacidad para 10 mil 679 personas.
El dato más relevante para la estrategia anunciada por Alcalde es el estatus jurídico. Entre las personas adultas privadas de la libertad sin sentencia en Nuevo León, 53.5% se encontraba en prisión preventiva justificada, 40.6% en prisión preventiva oficiosa, 0.7% bajo otro supuesto jurídico y, en 5.2% de los casos, no se identificó el estatus.
Por sexo existe una diferencia considerable: entre las mujeres sin sentencia registradas en Nuevo León, 87.1% estaba en prisión preventiva oficiosa y 12.9% en preventiva justificada. Entre los hombres, 56.8% estaba en preventiva justificada, 36.8% en oficiosa, 0.8% bajo otro supuesto y 5.6% sin estatus identificado.
A nivel nacional, el INEGI contabilizó 85 mil 547 personas adultas sin sentencia al cierre de 2024. De ellas, 47% se encontraba en prisión preventiva oficiosa y 38% en preventiva justificada. Además, 22.3% de los hombres y 25.6% de las mujeres que permanecían sin sentencia llevaban 24 meses o más esperando resolución.
El anuncio federal coloca así el rezago de los procesos penales y la revisión de beneficios de libertad anticipada como dos frentes distintos: por un lado, resolver casos que permanecen sin sentencia y, por otro, detectar a personas sentenciadas que ya reúnen condiciones legales para solicitar una preliberación.