Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para obligar a las plataformas digitales de redes sociales a adoptar medidas contra contenidos relacionados con violencia, acoso y abuso sexual que afecten a niñas, niños y adolescentes.
Las empresas tendrán un mes para realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con lo anunciado por la mandataria durante su conferencia matutina.
Sheinbaum explicó que el objetivo es modificar las condiciones bajo las cuales operan las cuentas de personas menores de edad y evitar que sus espacios digitales queden expuestos a contenidos que puedan poner en riesgo su integridad.
“Decreto que obliga a las plataformas digitales a retirar cualquier contenido que tenga que ver con violencia, acoso, abuso sexual en el caso de cuentas de niñas, niños y adolescentes”, señaló.
La presidenta afirmó que las plataformas solicitaron un plazo de un mes para preparar los cambios. Durante ese periodo, deberán adecuar sus herramientas y condiciones de funcionamiento para atender las nuevas obligaciones.
La medida coloca en el centro de la discusión la responsabilidad de las empresas tecnológicas sobre el contenido que circula en sus servicios y la manera en que sus sistemas muestran publicaciones a los usuarios menores de edad.
Qué deberán cambiar las plataformas
El decreto establece obligaciones para las plataformas digitales que operan en México y busca impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos que promuevan o muestren distintas formas de violencia. La presentación oficial contempla medidas que van más allá de retirar publicaciones: también exige cambios en los mecanismos de protección, clasificación y supervisión.
Entre las principales obligaciones se encuentran:
Retiro de contenido violento: identificar y eliminar publicaciones, imágenes, videos o cuentas que promuevan violencia, discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual.
Protección frente a autolesiones: impedir el acceso o la recomendación de contenidos relacionados con suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.
Prevención del acoso escolar: retirar contenido que promueva violencia en las escuelas, acoso, ciberacoso y ciberbullying.
Clasificación por edades: establecer mecanismos para distinguir qué contenidos son apropiados para niñas, niños y adolescentes.
Privacidad y seguridad predeterminadas: activar desde el inicio las configuraciones de mayor protección para las cuentas de menores, sin que dependan exclusivamente de que el usuario las habilite.
Supervisión parental: ofrecer herramientas accesibles para madres, padres y tutores, además de mecanismos para denunciar publicaciones peligrosas.
Cooperación con las autoridades: mantener un enlace permanente para atender requerimientos de las autoridades investigadoras, preservar y entregar evidencia cuando corresponda y alertar sobre contenidos que representen amenazas contra la vida.
El decreto también contempla la prohibición de que las plataformas permitan el acceso, la exposición o la recomendación de material sexual explícito y de contenidos relacionados con conductas ilícitas a usuarios menores de edad.
Esto significa que el alcance no se limita a borrar una publicación después de recibir una denuncia: las empresas deberán contar con mecanismos para detectar los contenidos y evitar que sean recomendados o estén disponibles para niñas, niños y adolescentes.
¿Qué pasa con los algoritmos y las cuentas de adultos?
Uno de los puntos centrales es la responsabilidad de las plataformas sobre sus sistemas de recomendación. La obligación consiste en evitar que los algoritmos expongan a menores a las categorías de contenido prohibidas por el decreto y en establecer mecanismos para detectarlas y retirarlas.
La disposición está enfocada en la protección de personas menores de edad. No establece una prohibición general de todo contenido violento para cualquier usuario adulto. El tratamiento de las publicaciones y cuentas deberá considerar el alcance específico de las obligaciones previstas para la protección de niñas, niños y adolescentes.
La medida también incluye la coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia, mediante canales permanentes para atender solicitudes de información y reportar contenidos que puedan representar un riesgo para la vida.
Sin sanciones inmediatas; podrían impulsar una ley
Sheinbaum sostuvo que el decreto es obligatorio, aunque aclaró que inicialmente no contempla sanciones específicas para las empresas que incumplan.
La presidenta advirtió que, si las plataformas no acatan las disposiciones, su gobierno analizará impulsar una regulación legal adicional que incluya sanciones. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal participará en la elaboración de las propuestas correspondientes.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, junto con las dependencias involucradas, tendrá un papel central en el seguimiento de las obligaciones y en la coordinación con las empresas tecnológicas.
El gobierno presentó la medida como parte de una estrategia de prevención de la violencia, después de casos de agresiones en entornos escolares en los que las autoridades identificaron posibles vínculos con comunicaciones e interacciones digitales. Entre ellos se encuentra el ataque ocurrido en una escuela de Coahuila a principios de octubre, que dejó una persona fallecida y cuatro lesionadas, según el reporte oficial.
El reto para las autoridades será verificar que las plataformas implementen las medidas sin que su aplicación se extienda de manera indiscriminada a contenidos que no entren en las categorías establecidas. Para las empresas, el plazo anunciado implica ajustar sus herramientas de moderación, seguridad y recomendación; para las familias, el decreto incorpora opciones de supervisión y denuncia, pero no sustituye la prevención y el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes.