Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a sectores de la oposición de intentar desacreditar las elecciones de 2027 mediante señalamientos por presuntas irregularidades en contratos de materiales y servicios electorales. Este caso, afirmó, tiene antecedentes desde 1999 y no comenzó durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante la conferencia mañanera, la mandataria sostuvo que detrás de las críticas existe un intento de trasladar los cuestionamientos sobre las contrataciones a la legitimidad del próximo proceso electoral.
“Querer desacreditar la elección de 2027. Porque ese es el objetivo”, afirmó. Agregó que, a su juicio, la oposición busca hacerlo porque tiene poca credibilidad y bajos niveles de respaldo en las encuestas.
Sheinbaum señaló que el Gobierno federal no pretende cerrar el caso en torno a la gestión de Taddei, sino que busca que se investiguen el origen y la continuidad de los contratos. Mencionó que los antecedentes se remontan a finales de los años noventa y que el esquema se habría extendido a organismos electorales estatales, particularmente después de la reforma electoral de 2014.
La presidenta también hizo referencia a los vínculos políticos que, según los señalamientos presentados por el Gobierno, existirían entre contratistas y personajes que actualmente participan en organizaciones opositoras. Entre ellos mencionó a Juan Carlos Padilla Aguilar, a quien relacionó con el origen de las empresas proveedoras y con el partido Somos.
La mandataria pidió que las posibles irregularidades sean investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, si existen elementos para ello, por la Fiscalía General de la República (FGR). Aseguró que ya se han presentado denuncias, incluidas algunas promovidas por consejeros electorales.
El caso tiene como antecedente la investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
De acuerdo con esa revisión, compañías relacionadas con ellos obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales entre 2014 y 2023.
Por separado, la ASF anunció investigaciones de oficio y una revisión histórica de las contrataciones del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), del INE y de los organismos electorales locales. El análisis abarcará adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar posibles irregularidades y concentración de proveedores.
En cuanto a la organización de los comicios, Sheinbaum sostuvo que la responsabilidad de garantizar la elección corresponde al INE y a sus actuales integrantes, así como a la Cámara de Diputados, que deberá elegir a la próxima persona titular de la presidencia del organismo.
La presidenta aseguró que las elecciones de 2027 están garantizadas, pero insistió en que debe realizarse una investigación profunda y transparentarse la contratación de materiales y servicios electorales para dar certeza al proceso.