‘Políticos privilegian capital político y patrimonio personal’

Por estar más preocupados en sus intereses privados, desatienden los problemas que dañan a la población, asegura el líder del Consejo Cívico, Óscar Lozano González

Intereses políticos afectan el combate anticorrupción, advierte titular del Consejo Cívico
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Escrito en DISTRITO ABC el

“Las crisis que estamos viviendo, que se nos juntaron todas, la parte del agua, del medio ambiente, la movilidad, la inseguridad, no son problemas nuevos, tenemos años con ellos”, expresó Óscar Lozano González, presidente del Consejo Cívico.

La pregunta es, dijo, “¿por qué no han sido atendidos?”. Y aventuró una respuesta: “los gobernantes han estado más enfocados en incrementar su capital político y su patrimonio personal, que en resolver los problemas de la ciudadanía”.


Uno de los temas que más refirió Lozano González en su entrevista con Distrito ABC fue el problema de la movilidad ciudadana en Monterrey, impactada por la  adquisición a sobreprecio de los vagones para el sistema Metrorrey, lo cual calificó como “un insulto para la gente”.

“Es increíble que Metrorrey esté en la situación en que está, que se hayan comprado vagones que se pagaron un 40% por encima de lo presupuestado y sean vagones que no se pueden utilizar. Imagínate el daño que eso le hace a la movilidad de las personas”, criticó el presidente del organismo de la sociedad civil.

El sistema ‘no funciona’ 
Aunque desde hace años se comenzaron esfuerzos para arrancar el Sistema Estatal Anticorrupción, los resultados no se han dado, de entrada porque este sistema “no ha funcionado”, expresó tajante el presidente del Consejo Cívico.

La causa, dijo, es la falta de voluntad ética de todas las partes involucradas.

Los problemas, señaló, comienzan “desde el Auditor Superior de Justicia del Estado y la Fiscalía Anticorrupción; la Contraloría no tiene herramientas para evitar riesgos, antes de que sucedan las cosas; ha habido manipulación de los partidos políticos en el Sistema Estatal Anticorrupción”.

Lozano González también criticó que sólo haya un persona activa en el Comité de Acompañamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que impide avanzar en los pendientes que hay en esta materia.

Estas tareas, dijo, se juegan en cancha del Legislativo y Judicial, y el Sistema se mantiene suspendido, al grado que los activistas ya han cuestionado la efectividad de los recursos que se le destinan.

El presidente del Consejo Cívico también consideró importante que la ciudadanía participe y haga escuchar su voz, pues de lo contrario no se logra una rendición de cuentas, especialmente de los diputados del Congreso de Nuevo León.

A pesar de que ya se han creado instituciones pro transparencia y anticorrupción, los desvíos de recursos se han mantenido como uno de los grandes flagelos de la administración pública tanto en México como en Nuevo León.

 ¿Una meta realista? 
En una entrevista reciente la hoy secretaria estatal de Igualdad e Inclusión del estado, Martha Herrera, dijo que entre los planes de su oficina está “hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir”.

Esta frase también aparece en la página web del Consejo Cívico, el cual la asume como una de sus misiones.

No obstante, para el presidente del organismo dicho objetivo se volvió más desafiante debido a la pandemia, ya que ésta aceleró los problemas sociales.

El gobierno, dijo, debe instrumentar un plan de desarrollo social que convierta al estado en el número uno tanto a nivel económico como social.

“No ha habido un desarrollo social que haya sido equiparable al desarrollo económico”, expresó Lozano González. 

“La pandemia aceleró la descomposición del tejido social, con mayores problemas de enfermedades emocionales en la población, derivando en temas de violencia familiar, incluso contra adultos mayores y contra mujeres”, lamentó.

Si el objetivo es “hacer de Nuevo León el mejor lugar para vivir”, dijo, se deben ejecutar medidas para prevenir la violencia.

“Martha Herrera, por el rol que ha tenido en la sociedad civil, conoce muy bien de estas cosas”, declaró Lozano.

Y agregó que la funcionaria trabaja desde su trinchera gubernamental “en un plan estatal de prevención social de la violencia, que tiene que incluir a la sociedad civil organizada”.

 

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