Monterrey.- A propuesta del diputado Juan Carlos Ruiz, el Congreso del Estado, estudiará la posibilidad de sancionar a las empresas constructoras que incumplan con los plazos de entrega establecidos.
En primera instancia, sería una sanción económica de 200 a 500 salarios mínimos y en caso de reincidir, se llevaría a cabo la suspensión permanente para participar en licitaciones de obras públicas en el Estado.
Además, dentro de las modificaciones, se establece la obligación de los servidores públicos para reportar cualquier retraso en las construcciones contratadas por el Gobierno Estatal, sin embargo, esto, se estudiará dentro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.