Apenas el 27 de marzo del presente año, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, con la que se pretende proteger el patrimonio de los ciudadanos, cuando los funcionarios hagan mal uso de sus atribuciones.
La ley establece que se considera afectado con derecho a indemnización a la persona física o moral que sufra daños materiales derivados de actos administrativos públicos irregulares por parte del Estado o cualquiera de los municipios.
Recientemente trascendió que el gerente regional de Simeprode, Maxidro Aldaco Aguirre, fue grabado en el año 2011, mientras se expresaba con palabras altisonantes hacia empleados, donde evidenció que buscaba hacer negocio con los vehículos que el Gobierno del Estado remataba.
Además de que según sus declaraciones -en el audio-, otro funcionario subió de puesto a un operador de maquinaria sin que éste estuviera capacitado para operarla, lo que provocó que al menos tres máquinas sufrieran daños, con afectaciones económicas de más del millón
de pesos.
La normativa establece mecanismos para exigir el resarcimiento de daños ocasionados
en su patrimonio. ""Cuando yo tengo la obligación de hacer o procurar un bien para el ciudadano o cumplir con una obligación que me corresponde y no lo hago así, esta ley les da una herramienta para poder acudir ante la propia autoridad y demandarles el daño de pagos y perjuicios"", señaló.
