Corpus Christi.- El juez federal Jason B. Libby fijó como fecha de juicio para el empresario reynosense Luis Carlos Castillo Cervantes el próximo 3 de enero del 2017, mientras la selección del jurado comenzara un día antes.
La Oficina del Fiscal Federal en Corpus Christi y la defensa del empresario mexicano acordaron un depósito de fianza de 300 mil dólares, para que éste salga en libertad condicional y se mantenga bajo restricciones judiciales en el área del sur de Texas.
El acuerdo entre ambas partes fue alcanzado inicialmente el pasado 21 de noviembre, pero su abogado defensor expresó a medios locales que no será fácil debido a que se apega a restricciones judiciales que deberá seguir el acusado.
Por los cargos de fraude bancario y lavado de dinero que enfrenta el llamado “Dragón”, el juez federal que lleva el caso asignó una fianza total de 30 millones de dólares, por lo que por ley se tiene que pagar el porcentaje correspondiente que es de 300 mil para salir en libertad temporal.
Entre las restricciones que tendrá que seguir, está rendir su pasaporte mexicano y estadounidense a las autoridades federales, portar un localizador GPS y limitarse a pernoctar en el sur de Texas.
Castillo, quien se naturalizó estadounidense, es juzgado en Texas y enfrenta cargos por lavado de dinero y fraude bancario además de que radica en la ciudad de Mission, donde también tiene varios negocios.
Su presentación en corte federal se hizo inicialmente en la ciudad de McAllen, donde ejerció su derecho a no declarar sobre las acusaciones que enfrenta, pero el magistrado que analizó el caso decidió que fuera trasladado a Corpus Christi para que sea juzgado en la corte de distrito federal de esa ciudad.
Su defensa es encabezada por el abogado de McAllen, Ricardo Salinas, quien había señalado sobre la audiencia federal que se realizó en Corpus Christi.
Salinas piensa que el funcionario público que se menciona en la demanda federal contra su cliente y de quien se alega que este lavó dinero por millones de dólares no es del Valle de Texas.
La demanda federal establece que el acusado depositó millonarias cantidades de dinero en bancos estadounidenses que provienen o fueron defraudados a entidades públicas gubernamentales en México.
El caso aparentemente está ligado a la indagatoria por fraude que se sigue en México contra el ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal.