Monterrey.- La Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción ya puede echar manos a la obra, y entre otras cosas, llamar a declarar a posibles involucrados y testigos de los casos que persigue.
Ernesto Canales, titular de esa fiscalía, confirmó a ABC que la Contraloría General del Estado turnó a la Subprocuraduría los expedientes de tres casos, de 120 que integra, en los que el gobierno de Jaime Rodríguez sospecha que existen delitos.
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“Le corresponde a la fiscalía convertir estas denuncias en casos penales para presentar con éxito las acusaciones que correspondan ante los tribunales penales”, afirmó Canales.
Entre estas hay una por las irregularidades en el convenio entre la automotriz coreana KIA y el Gobierno de Nuevo León, para que la armadora se instalara en el estado.
Otra es por las anomalías en el proyecto de una siderúrgica en el municipio de Linares, y una más por el caso de la empresa Limón Publicistas, que cobró para mejorar la imagen del exgobernador Rodrigo Medina y del PRI, el partido en el que milita.
El resto de los expedientes permanecen todavía en poder de la Contraloría, el órgano encargado de vigilar el buen funcionamiento del gobierno.
Para que la Subprocuraduría pueda indagar todos los casos, el organismo debe hacer las denuncias y entregar la información en la que basa sus sospechas, como hizo con los primeros tres el lunes de la semana pasada.
“Deberá confirmar o extender las investigaciones, soportar los hechos denunciados con pruebas duras, construir la teoría del caso, que no es otra cosa que contar la historia del crimen"", agregó Canales.
Los casos:
Irregularidades en KIA
Entre las anomalías está la excepción del pago de impuestos por un mayor tiempo que el contemplado en la Ley, la adquisición de un predio para donarlo a la armadora y contratos para beneficiar a amigos de la familia Medina.
Anomalías por Siderúrgica en Linares
El proyecto tendría características similares al caso KIA. Además, la administración anterior no completó la instalación de infraestructura para la operación de la planta.
Caso Limón Publicistas
La administración de Rodrigo Medina firmó un contrato con esa empresa para crear una campaña que mejorara la imagen del exgobernador ante la ciudadanía y otra que posicionara a su partido, el PRI. La irregularidad implica el desvío de 32 millones de pesos.