Monterrey.- Después de dos intentos fallidos por parte del Congreso para hacer comparecer a Ernesto Canales, este miércoles se presentó el fiscal anticorrupción ante los 42 diputados para dar un informe del Estado de su labor en el combate a la corrupción, junto a la contralora Nora Cantú, quien compareció por tercera vez.
En su intervención, Canales detalló el estado que guardan los tres casos de corrupción más relevantes del estado al día de hoy: ‘Cobijagate’, Margarita Arellanes y KIA Motors.
En el tema del llamado’ Cobijagate’, el subprocurador indicó que se determinó no tomar acción penal en contra de los funcionarios involucrados, debido a que las pruebas recabadas no acreditaron conducta delictiva o responsabilidad penal alguna, sino solamente faltas administrativas.
Aseguró que junto al proveedor de las cobijas infladas en valor, se estableció de forma voluntaria resarcir el daño.
En cuanto a la exalcaldesa de Monterrey, informó que ella y ocho funcionarios de su administración se encuentran vinculados a proceso por los cargos de ejercicio indebido de las funciones públicas y ejercicio abusivo de sus funciones al buscar innecesaria defensa jurídica al término de su periodo.
En lo que corresponde al caso KIA Motors, en el cual el principal actor es Rodrigo Medina, Canales recordó que se ha vinculado a proceso al ex gobernador, a su secretario de finanzas y a los secretarios de desarrollo económico.
Luego del juicio de amparo presentado por los imputados, el proceso de encuentra en investigación, misma que no debe exceder los seis meses, de los cuales han transcurrido tres.
La primera diputada en cuestionar el trabajo del fiscal fue la panista Yanira Gómez, quien le acusó de dejar inconcluso el ‘Cobijagate’. “¿En qué se basó para no vincular a proceso a quienes intervinieron en este hecho?”, cuestionó.
“A la subprocuraduría le corresponde ser el decididor de cuando el estado debe ejercitar la acción más potente para castigar a un ciudadano, que es la cárcel, y cuando no es procedente”, respondió Canales.
El fiscal aseguró haber encontrado un desorden administrativo en la forma de recibir mercancía y administrar los recibos, por ser esa la forma de operar acostumbrada en los organismos públicos de la pasada administración.
A pesar de esta falta de rigurosidad, la subprocuraduría no detectó lucro personal de ninguno de los actores. “La esencia del crimen es la maquinación, el engaño”, explicó el subprocurador.
Canales aseguró que si se hubiera vinculado a proceso a los funcionarios del ‘Cobijagate’, el caso no hubiera prosperado, por falta de pruebas. “Hubiera sido un rotundo fracaso ante el Poder Judicial el haber presentado como delito lo que teníamos”.
Al finalizar su participación, la diputada Yanira se levantó fuera de tiempo y mostró una cartulina en donde pidió la renuncia de Ernesto Canales.
“Yo no voy a presentar mi renuncia, a menos que mi jefe superior piense que sea necesario”, aclaró el fiscal.
Por su parte el diputado Tláloc Cantú acusó a la subprocuraduría de incompetencia o prevaricato. A decir del diputado, de 60 casos atendidos por la fiscalía, ninguno ha avanzado, por lo que representa 60 strikes y el ‘pitcher’ debe ser reemplazado.
“Esto no es béisbol. Y el béisbol también tiene sus reglas y se termina hasta el último out”, respondió el fiscal.
Ernesto Canales aseguró que la justicia no fue tomada por su propia mano, sino que en las decisiones que atañen a todos los casos atendidos participan 70 personas, entre ellos 20 abogados de primer nivel que en conjunto deciden de manera unánime qué casos se vinculan a proceso y cuáles no.
Además, aseguró que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio los procesos tienen su tiempo, por lo que antes de que una persona entre a la cárcel hay que demostrarle la culpabilidad.
Invitó a todos los actores del servicio público que han caído en corrupción a dialogar con la subprocuraduría: “Más les conviene un arreglo con la fiscalía que ser condenados a la cárcel”.
“Es imposible que yo asegure que los casos iniciados van a terminar en la cárcel”, aseguró Canales, haciendo énfasis en que la decisión final la tienen los magistrados, particularmente en los casos Medina y Arellanes.
El coordinador priista en el Congreso, Marco González, señaló al fiscal de acusar a funcionarios de partido y perdonar a los de la administración actual, además declaró que para muchos, Ernesto Canales es una persona ‘non grata’.
Canales por su parte compartió que la revista “El Mundo de los Abogados”, publicación más importante del gremio, le entregó el premio 2016 a innovación jurídica por su labor en la fiscalía anticorrupción.
Finalmente, el diputado Arturo Salinas Garza, coordinador panista, dio por hecho que Ernesto Canales dejará la fiscalía, una vez que el congreso aprueba la figura del fiscal autónomo, por lo que le cuestionó: ¿Cómo le gustaría irse?
Canales declaró no estar muy de acuerdo con la autonomía de la fiscalía, pero aseguró que si tuviera que irse se iría contento por haber contribuido con la evolución del combate a la corrupción.
Cerrada la sesión, el fiscal abandonó rápidamente la sala por un acceso alternativo, mientras las puertas del recinto fueron cerradas para que la prensa no lo alcanzara y pudiese cuestionarle algo.