Monterrey.-El pasado persigue a Víctor Martínez Trujillo, extitular del Sistema de Caminos de Nuevo León, pues el contrato por el que fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones favoreció a un contratista relacionado con exgobernadores priistas de varios estados.
El empresario es Luis Carlos Castillo Cervantes y su compañía, Impulsora Mexicana del Comercio y Construcción (IMCC), se mudó de Reynosa, Tamaulipas, a Monterrey en 2008. Justo en ese año empezó a obtener contratos cuyo monto llegó a los mil 290 millones de pesos, que le fueron pagados entre 2008 y 2012.
Incluso, 146.9 millones de pesos le fueron asignados de forma directa por el gobierno de Rodrigo Medina entre 2010 y 2011. Martínez Trujillo compareció ayer en el Palacio de Justicia de Guadalupe como primer acusado en la Operación Tornado, por firmar el contrato SC-PEI-AD-RC2-01/11(2012) con Castillo Cervantes para obras de recarpeteamiento y señalización en diversas avenidas que nunca se realizaron. Vinculados a esta operación están otros contratos, uno por una cantidad de 46 millones de pesos, y otro por 92.8 millones de pesos, por el concepto de recarpeteamiento, ambos firmados en el mes de julio de 2012.
Según registros periodísticos, Castillo Cervantes, oriundo de Coahuila, está ligado como proveedor con el gobierno del exmandatario priista de aquella entidad, Enrique Martínez y Martínez.
Al propietario de IMCC se le ha acusado de obtener contratos ventajosos con otros exgobernadores como Natividad González Parás, de Nuevo León; Fidel Herrera, de Veracruz; Eugenio Hernández, de Tamaulipas, y Ricardo Monreal, de Zacatecas.
En 2009, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASE) encontró irregularidades en contratos firmados en 2008 entre la empresa y el Sistema de Caminos estatal, como ausencia de un presupuesto para las obras y análisis de precios que impidieran establecer sobreprecios.
Igualmente, en 2013 se encontraron saldos pendientes por 26 millones de pesos en un contrato irregular que fue celebrado en marzo de 2012 entre la pasada administración estatal y la empresa de Castillo Cervantes, que no realizó la obra que se le pagó.
Las anomalías fueron señaladas en las cuentas públicas de los años 2008 y 2012, pero fueron aprobadas por el Congreso.