Guadalupe.- La polémica de las fotomultas no se da solamente en México, también en Estados Unidos, pues una de estas empresas se vio envuelta en un caso de corrupción debido a que uno de sus directivos sobornó a un funcionario de la ciudad de Chicago.
Karen Finley, directora ejecutiva de Redflex, se declaró culpable de entregar sobornos para recibir la adjudicación de contratos de fotomultas.
Inteltráfico, la empresa que contrató el municipio de Guadalupe para el mismo fin, anuncia en su sitio web que “funge como representantes exclusivos de los sistemas de control de tráfico Redflex, líder mundial en tecnología de seguridad vial”.
De acuerdo con registros del FBI, los pagos ilegales que Finley hizo a autoridades de la ciudad se realizaron durante un lapso de nueve años, de 2003 a 2011.
En mayo del 2013, Inteltráfico se volvió distribuidor de Redflex en México y desde el 2014 se asociaron para crear Redflex Latinoamérica, una empresa filial de Redflex Traffic Systems Pty Ltd.
La empresa en Chicago pagó sobornos y le dio trabajo a personas relacionadas con funcionarios públicos para asegurar la adjudicación de contratos.
“La CEO de Redflex, Karen Finley, canalizó dinero en efectivo y otros beneficios financieros a un oficial de Chicago y su amigo, sabiendo que los pagos podrían ayudar a persuadir a la ciudad para adjudicar contratos de cámara de luz roja a Redflex”, señala el documento público.
Los regalos que la ejecutiva de Redflex confesó haber otorgado al funcionario incluyeron viajes para jugar golf, pago de hoteles y comidas, así como la contratación de un amigo del funcionario como un contratista con alto sueldo de Redflex.
“Los beneficios fluyeron durante nueve años, de 2003 a 2011, tiempo durante el cual la ciudad expandió el Programa de Control de Red Light Automatizado Digital mediante la concesión de millones de dólares en contratos a Redflex con sede en Phoenix”, agrega el comunicado.
ABC publicó el pasado 23 de mayo que las fotomultas que han causado la molestia ciudadana en los municipios de Guadalupe, García y Escobedo no sólo provienen de empresas con pasado polémico, sino que, además, han sido declaradas inconstitucionales en otros estados de la República.
Los cuestionamientos contra las compañías son con respecto a fallas en el proceso, que ha llevado a ciudades como San Luis Potosí a eliminar más de 2 mil infracciones, y además, en casos como Inteltráfico, que da servicio a Guadalupe, envuelven acusaciones de desvío de recursos para campañas políticas.
DATO ABC:
Cinco años de prisión y multa de 250 mil dólares, pena que enfrenta la directora ejecutiva de Redflex