Monterrey.- Aunque en México existe ya un Sistema Anticorrupción y en Nuevo León funciona una Subprocuraduría Anticorrupción, las investigaciones contra funcionarios no se pueden cerrar debido al llamado secreto bancario, consideró Ernesto Canales.
“No hemos tenido acceso completo a los datos financieros”, explicó el Fiscal Anticorrupción del Estado con respecto al caso del exgobernador Rodrigo Medina y sus funcionarios, a quienes se les acusa de desvíos millonarios.
Para presentar las pruebas ante los jueces de Control ha hecho falta información, dijo el funcionario.
"La traba está en el secreto bancario. Nos han dado acceso a ciertos datos, pero no completos y hemos tenido que encontrar la manera de llenar esos huecos”.
El secreto bancario es la protección que bancos e instituciones financieras dan a la información sobre depósitos e inversiones que reciben de sus clientes.
Es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de una persona.
Como excepción, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar esta información cuando lo solicite la autoridad judicial, dijo Canales.
Sin embargo, según el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, estas solicitudes de información no contemplan la figura de Fiscal Anticorrupción como solicitante.
“Lo importante es que al no contar con un acceso abierto a todos los datos, no te puedo decir que Medina haya participado o se haya beneficiado en todos estos actos o estas conductas ilícitas que hemos identificado, aunque era su obligación conocerlas, eso está muy claro”, agregó.
DATO ABC
Confía en que hablen, Ernesto Canales dice que ningún denunciado ha aceptado un desvío, pero conforme vayan cayendo los primeros a la cárcel confía que otros buscarán el beneficio de confesar.