Monterrey.- A ocho kilómetros del municipio de Mina, con dirección a Monclova, se alcanzan a ver los muros de lo que alguna vez pretendía ser un Penal.
Es un octágono abandonado con bardas de 10 metros de altura y 40 centímetros de espesor.
El terreno está dividido por dos avenidas perpendiculares y tiene un taller con apariencia de nave industrial, también una avenida de dos kilómetros de largo y un estacionamiento.
Todo abandonado. El área se cercó con alambre de púas a la espera de que la Iniciativa Privada se interese por las 2 mil 400 hectáreas de la obra que inició en julio de 2011 y se detuvo en 2013 por falta de recursos federales.
Para colmo, un grupo de ejidatarios acusó al entonces gobernador Rodrigo Medina de despojo.
El actual secretario de Infraestructura, Humberto Torres, considera que el Penal que visualizó ahí el exgobernador priista, Natividad González Parás, y que empezó a edificar su sucesor Medina “es una tontería.
“Es un tema que se originó en otro gobierno diferente al nuestro. Peor sería continuar la tontería que iniciaron, simplemente por terminarla, hacer más grande el error, eso es lo que no podemos hacer”, dijo.
El gobierno de Medina desembolsó cerca de 400 millones de pesos en este proyecto, que pretendía convertirse en Penal de máxima seguridad con una inversión de 3 mil millones de pesos, pero terminarlo hoy costaría el doble, aseguró Torres.
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Por su parte, el doctor Samuel Hiram Ramírez, profesor de la Universidad de Monterrey, consideró que ante la sobrepoblación en los Penales de Topo Chico, Cadereyta y Apodaca, una obra inconclusa de este tipo afecta directamente los derechos humanos de los presos.
“Atrás de este tipo de obras hay derechos. Aquí hay derechos al trato digno de todas las personas que están cumpliendo alguna condena o en su fase de reinserción social, agravado con el tema de la inseguridad pública”, comentó el catedrático.
CEJUM, CON EL ACTUAL GOBIERNO
El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó en 2015 que todos los estados del país debían contar -por lo menos- con un Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), a más tardar en agosto de 2017.
Y Nuevo León lo tiene, está en el número 800 de la calle Humboldt, en la colonia Mirador de Monterrey, con agua, electricidad y muebles nuevos, pero hasta el día de hoy está cerrado.
El inmueble, propiedad del Gobierno del Estado, fue cedido a la extinta Procuraduría General de Justicia el 22 de agosto de 2016 y se le invirtieron cerca de 45 millones de pesos para su adecuación.
Desde el 10 de marzo de este año, el edificio pasó a manos de la Fiscalía General, institución que sustituye a la Procuraduría y que lo mantiene en desuso. Un agente ministerial, en lugar de combatir la delincuencia, supervisa a un grupo de guardias privados que resguarda el edificio las 24 horas.
También contaba con personal de limpieza, pero desde hace dos meses dejaron de darle mantenimiento. En respuesta a una solicitud de información promovida por ABC Noticias, la Fiscalía explicó que: “Dicho inmueble pertenece ‘jurídicamente hablando’ a la Fiscalía General de Justicia.
Lo cierto es que, a la fecha, no se ha formalizado la transmisión de tal bien”.
Según el organismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública inspeccionó el Cejum, del 29 al 31 de agosto de este 2018, e hizo observaciones a la Fiscalía para que realice las modificaciones antes de poner el Centro en marcha.
¿Y LA LÍNEA 3?
La Línea 3 del Metro es la más visible de las obras inconclusas en el estado. Cinco años han pasado desde que inició su construcción y todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo comenzará a dar servicio.
En 2013 se calculaba el costo de los 7.5 kilómetros de vía en los 5 mil 500 millones de pesos. Al día de hoy se han gastado 9 mil 660 millones, sin contar los vagones.
Es decir, casi el doble, y su costo podría seguir aumentando conforme a la inflación y al mantenimiento.