Monterrey.- Tras la polémica que se desató con la posibilidad de que se cortara un 60 por ciento el tope salarial para calcular las pensiones, lo que afectaría a más de 20 millones de trabajadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y gran parte de su gabinete se vieron obligados a aclarar que esta situación no sucederá.
El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, indicó en la conferencia de prensa matutina de ayer del mandatario que se mantendrá el tope de 25 salarios mínimos para determinar la pensión de los trabajadores de la llamada “generación de transición”.
Aseguró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de establecer 10 salarios mínimos como “tope” aplicará solamente sobre algunos casos de la pensión, pero no de manera general.
Mediante un comunicado de prensa, Robledo afirmó que “nadie corre riesgo en el monto de su pensión, no se “rasura” nada… no hay recálculo, no hay disminución. No es un ámbito de aplicación general, es un criterio para los juzgados, en donde tienen que resolver, es donde hay juicios, simplemente no aplica al Seguro Social”.
El funcionario federal subrayó que la pensión de los trabajadores que están en el “modelo de transición” –quienes cotizan ante el IMSS desde antes del inicio de las afores, en 1997– seguirá calculándose con base en 25 salarios mínimos como tope.
Por su parte, López Obrador aseguró que su gobierno se preocupa por garantizar una pensión justa a jubilados, porque con el sistema de las AFORES que se implementó en el “periodo neoliberal”, se corre el riesgo de que los trabajadores y sus familias no van a recibir lo que ahorraron, lo que se les descontó y que eso va a empezar a hacer crisis.
“A partir del 2023 van a empezar a recibir pensiones incompletas los trabajadores jubilados y va a ir creciendo el problema por esa decisión que se tomó en el periodo neoliberal. Eso lo tenemos que arreglar, es un problema mayor, afortunadamente hay conciencia en el sector empresarial y sector obrero y se está elaborando una propuesta para solucionar este problema de mediano y largo plazo, sería algo grave si no se atiende”, indicó.
El Presidente afirmó que el propósito es no afectar a quienes ya tienen derechos adquiridos, sino procurar que hacia adelante se mejore el sistema de pensiones y que ya no haya corrupción, porque en muchos casos se entregaron pensiones de hasta 200 mil pesos mensuales a quienes no lo merecían, o sea que la obtuvieron a través de la corrupción, el fraude o el influyentismo.
“Si podemos corregir eso y si no ha prescrito la acción jurídica actuaremos, si podemos revisar el caso, adelante. No habrá protección para nadie ni impunidad para nadie, lo que estamos pensando es ver cómo evitar que estallen estos esos conflictos y se traduzcan en una situación grave”, concluyó.
IMSS DEBE DAR CERTIDUMBRE
Al respecto, el Senador Víctor Fuentes comentó que el IMSS está obligado a dar certidumbre a los pensionados y respetar los derechos de estos sin importar el régimen en el que se encuentren.
“El IMSS debe saber que las personas adultas mayores están entre las más vulnerables, por lo que está obligado a decirles con toda certidumbre cuál es el tope máximo establecido para el pago de las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, siempre respetando los derechos a plenitud y nunca aplicando ningún ordenamiento en perjuicio suyo bajo el principio de no retroactividad”, expresó.
El legislador federal expresó que hay que estar vigilantes para que el IMSS no vaya a sacar beneficio desde el punto de vista económico al aplicar la polémica tesis de la Suprema Corte de Justicia ya que “representaría un grave perjuicio para los jubilados y el cálculo de sus futuras pensiones