Monterrey.- La comisión de Economía del Congreso del Estado, rechazó este jueves el veto aplicado por el ex gobernador, Jaime Rodríguez, a la reforma a la Ley del ISSSTELEON que busca brindar la cobertura del servicio de salud también a los familiares de empleadas de la paraestatal.
Actualmente la Ley del ISSSTELEON solo permite que los empleados hombres puedan registrar a sus esposas e hijos como beneficiarios de las prestaciones a las que por ley tienen derecho, como es el acceso a los servicios de salud.
La comisión de Economía encabezada por el diputado local de Movimiento Ciudadano, Carlos Rodríguez, presentó ante los integrantes de la misma, la propuesta mediante la cual se rechazan las observaciones enviadas por el ejecutivo estatal, basadas en la falta de recursos económicos para implementar las reformas.
“La Septuagésimo Sexta Legislatura rechaza las observaciones presentadas por el Ejecutivo del Estado al Decreto 530 de fecha 19 de julio del 2021”, se establece el dictamen aprobado.
“En razón de lo anterior y en cumplimiento de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 247/2020 en lo que respecta al decreto 342 publicado en el Periódico Oficial del Estado del 39 de julio de 2020, se reforman los incisos A y C de la fracción cuarta del Artículo 3 y la fracción 1 del Artículo 106, y se deroga el inciso B de la fracción cuarta del Artículo 3 de la Ley del Isssteleón”, añade el documento
El pasado 17 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley del ISSSTELEON publicada en mayo de 2020, al considerarla discriminatoria.
En aquella ocasión los legisladores locales aprobaron una serie de modificaciones a la ley de la paraestatal de salud, pero el Gobernador, Jaime Rodríguez, vetó las reformas relacionadas a permitir que las mujeres empleadas también pudieran registrar como beneficiarios a sus esposos e hijos, como así lo hacen los empleados hombres.
Las observaciones emitidas por el ejecutivo estatal, tienen relación con el impacto presupuestal y económico, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó los argumentos y ordenó a los diputados locales a realizar las reformas.
El dictamen aún deberá ser aprobado por el pleno del Congreso del Estado, con dos terceras partes de los votos, para que sea obligatoria su publicación en el Periódico Oficial del Estado y su entrada en vigor.