Monterrey.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el veto aplicado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García en 2022 a decretos que contenían la reforma de seis leyes en la entidad.
El proyecto fue presentado por la ministra, Sara Irene Herrerías Guerra durante la sesión del pleno de la SCJN de este lunes y contempló calificar como infundada la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Estatal para impugnar varios temas entre el 2022 y 2023.
“La impugnación por vicios propios del acuerdo administrativo 687 y del número 2618 1672023. El proyecto propone reconocer la validez de tales actos al estimarse que los argumentos formulados por el poder accionante resultan infundados”, mencionó la ministra.
Se trata de la ley orgánica del Poder Legislativo; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; de Hacienda del Estado de Nuevo León; de Patrimonio Cultural; del Órgano Servicios de Agua y Drenaje y de Monterrey y la ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León.
Dentro de este paquete se incluyó un documento donde el legislativo estatal informó al gobernador que sus observaciones o vetos fueron presentadas fuera de tiempo, afirmación que fue avalada por la SCJN.
La Constitución estatal establece un plazo de 10 días hábiles para que el gobernador de Nuevo León presente sus observaciones a los decretos realizados por los legisladores, de igual manera Herrerías Guerra aseguró que es válido que el Congreso establezca una comisión para verificar este tiempo.
“El Congreso del Estado puede válidamente prever la creación de una comisión de estudio previo encargada de verificar si las observaciones formuladas por el poder ejecutivo fueron presentadas dentro del plazo constitucional correspondiente”, señaló la ministra.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de Nuevo León cumplió con la Constitución estatal al rechazar un reclamo del gobernador Samuel García, al obtener 25 votos en contra de un total de 37 diputaciones presentes, con lo que se alcanzaron las dos terceras partes requeridas.
García también impugnó la creación de una Comisión de Estudio Previo, prevista en el artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al considerar que podía afectar su facultad de veto.
Sin embargo, la Corte resolvió que el Congreso sí puede contar con esta comisión para revisar si los vetos del Ejecutivo fueron presentados dentro del plazo legal de 10 días hábiles.
El fallo establece que el veto es una facultad del Ejecutivo sujeta a límites y no puede utilizarse para subordinar al Poder Legislativo.
La resolución forma parte de las decenas de controversias que el gobernador ha promovido contra otros Poderes estatales desde el inicio de su administración, en octubre de 2021.