Monterrey.- El Impuesto a las Extractoras de Piedra Caliza, unos de los 4 impuestos verdes creados por el Estado y del que se espera una recaudación por 360 millones de pesos en este 2022, se encuentra en riesgo de convertirse en letra muerta.
Esto luego de que el Gobierno de Samuel García publicara el pasado 19 de enero, un acuerdo para otorgar facilidades administrativas a las empresas del ramo, pero beneficiando a las más grandes y a quienes extraen la materia prima para ellos.
De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado, las empresas dedicadas a la extracción de piedra caliza podrán evitar el pago del impuesto en dos supuestos; cuando la extracción se realice para autoconsumo, y/o cuando la materia prima extraída se utilice en cadenas de transformación y no directamente para su venta al mercado.
Dentro de los primeros beneficiados aparecen dos de las empresas más importantes; Cemex y Lamosa, señaladas como las únicas con capacidad de autoconsumo.
En tanto que las empresas que extraen la caliza y la venden a grandes empresas para ser procesadas en otros productos para el ramo de la construcción. El acuerdo considera que ambos casos contarán facilidades para no pagar “impuestos verdes”.
'Mataron al impuesto'
Para el diputado local de Morena, Waldo Fernández, el Gobierno del Estado estaría sepultando los impuestos verdes.
“Literalmente ya mató a los impuestos verdes, ¿por qué? Porque estas facilidades administrativas están hechas para dos grupos de interés. Esto derivará en los amparos”, advirtió Fernández.
Hay confusión
Sin embargo, también existe confusión entre los empresarios extractores, según reveló el líder de la bancada del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, quien llamó al Gobierno Estatal a aclarar quiénes sí y quiénes no deberán pagar este impuesto.
“Ellos lo que piden es una mayor apertura de parte del Ejecutivo y un mayor diálogo”, explicó.
El coordinador del Partido Verde, Raúl Lozano, mostró preocupación por la intención de los empresarios de trasladar el impuesto a los ciudadanos, e incluso amenazando con regresar a construir las llamadas “mini casitas”.
“Lo que no podemos permitir es que las empresas trasladen este nuevo impuesto al consumidor como ya lo estamos empezando a ver”, dijo.