Monterrey.- El 1 de febrero los diputados locales cumplirán 9 años de uso discrecional y opaco del denominado “bono de gestoría”, un fondo que se creó para el apoyo a los ciudadanos, pero que en la actualidad es utilizado para la promoción de la imagen de los legisladores de Nuevo León.
Fue en febrero del 2013 cuando los diputados locales autorizaron un incremento salarial y la creación de un bono especial con un monto de 35 mil pesos, con el que buscaban dejar de utilizar sus salarios para atender las gestiones sociales que los ciudadanos les solicitaban.
En medio de la polémica por la auto asignación de este recurso, el diputado local del PRI, Carlos Barona, defendió la creación de este fondo especial al señalar que los ciudadanos “creen que somos alcaldes”, mientras que Rebeca Clouthier, del PAN, secundó esto al señalar que “no somos Santa Claus”.
El bono de gestoría fue autorizado por la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI) encabezada por el líder priista, Edgar Romo, y comenzó a utilizarse en marzo de ese mismo año.
A lo largo de estos nueve años el bono de gestoría se ha incrementado un 77 por ciento, por lo que actualmente cada legislador percibe 78 mil pesos de salario y un monto de 153 mil pesos para el Gasto para la Función Legislativa, como se denomina actualmente a este “bono de gestoría”, según el artículo 49 del Reglamento Interior del Congreso.
El bono se ha enfrentado a una falta de transparencia constante, pues los diputados locales no publican en el portal de Transparencia del Congreso local las facturas que corroboran el uso de estos recursos públicos y sólo algunas bancadas como Movimiento Ciudadano y Morena, han hecho pública la comprobación del gasto pero a través de páginas personales o vínculos externos. Sin embargo, no sólo el nombre de este fondo se ha modificado a lo largo de casi una década, sino también su utilidad.
Usos distintos
Datos del Portal de Transparencia señalan que, de enero a noviembre del año pasado, la bancada local del PRI, utilizó 5 de cada 10 pesos de su bono de gestoría, en actividades distintas a la gestión social: “De los 16 millones 910 mil pesos que se asignaron a los legisladores de este partido político 1.9 millones de pesos fueron utilizados en redes sociales de los diputados, 2.6 millones se gastaron en servicios de comunicación social y 3.17 millones se utilizaron para la operación del mismo bono de gestoría, es decir para las Casas de Gestoría de los Diputados.
Solamente la mitad de los recursos que recibió la bancada local del PRI, es decir 7.5 millones, fueron destinados a resolver las solicitudes de los ciudadanos que varían desde becas, medicamentos, despensas, atención médica.
Por su parte, el Partido Movimiento Ciudadano, utilizó casi una cuarta parte del bono de gestoría en Servicios Profesionales de Asesoría para sus propios legisladores locales, casi 1.8 millones de pesos en este rubro.
El partido naranja recibió a lo largo de los 11 meses reportados en Transparencia 7 millones 575 mil 100 pesos, de los cuales 3.4 millones fueron utilizados para gestiones sociales, un millón 192 mil pesos se destinaron a las redes sociales y 684 mil pesos se usaron para Comunicación Social.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) fue la que utilizó la mayor parte de su bono de gestoría para atender las solicitudes de la ciudadanía, a lo que destinó 18 millones 308 mil pesos, no obstante 3 de cada 10 pesos se fueron a temas como promoción en redes sociales o servicios de comunicación.
En tanto que Morena destinó el 65.8 por ciento de su bono de gestoría, es decir 5.3 millones de pesos de los 8.03 millones asignados en 11 meses del 2021, en atender las demandas sociales, mientras que el resto se destinó a los gastos operativos, y en menor medida en redes sociales y servicios de comunicación.
Cabe destacar que aunque el Reglamento Interior del Congreso especifica que si los legisladores locales no presentan la comprobación del bono de gestoría del mes anterior, no podrán recibir lo correspondiente al mes en curso, no obstante los diputados locales no han justificado en qué fueron utilizados más de 3 millones de pesos que faltan por comprobar.